Por Cecilia [email protected]
Cuando se hace pública una denuncia y la Justicia investiga, siempre cabe la posibilidad de que lo que se considera a priori que sucedió de un modo finalmente sea de otra manera.
Si el que acusa agresiones es un menor, ese planteo no excluye la responsabilidad de los adultos de velar por su integridad.
El problema es que “ser niño/a” –si es pobre o diferente aún más– es hoy un motivo para desconfiar: por eso cuando se manifiestan casos de abuso sexual y bullying, muchos dudan de las voces infantiles.
Los “tutores ocasionales” de los menores y a quienes se les delega su cuidado (las directoras de las escuelas Cristo de la Frontera y Patricias Mendocinas, por ejemplo), nunca entendieron que “lo dicho por un niño/a” debe impulsar la inmediata búsqueda de medidas de protección.
¿Hace falta para esto que se comprueben hechos? La reacción de los “grandes” es –intuitivamente debería ser– hacerse cargo con seriedad de lo que les pasa a los chicos/as. Ahí la inocencia del acusado se relativiza ante la vulnerabilidad del menor que habla de su integridad afectada.
En 1998 el relato de un nene de 6 años fue contundente para condenar al portero de un colegio privado de Buenos Aires que lo violaba cuando iba al baño.
No hubo pruebas físicas y el menor se desdijo una vez. La Corte Suprema creyó en sus palabras y revirtió una condena absolutoria de la Cámara Nacional de Apelaciones que había considerado insuficientes sus declaraciones.
Esto puso en el centro del debate la credibilidad de los niños como testigos. La sentencia de que “el adulto mira a través de la explicación del hecho, pero el chico mira y no privilegia nada” primó y los jueces trazaron un camino: creerles a los chicos y respetarlos apenas se sospeche de que “podrían” estar envueltos en este tipo de casos.
