Mendoza Martes, 21 de agosto de 2018

Control estatal: ya presentaron 104 declaraciones juradas

Se espera que la semana que viene sean publicadas. Hay más de tres mil personas obligadas a cumplir con la Ley

En los primeros once días desde que empezó el plazo para la presentación de las declaraciones juradas, fueron 104 personas las que cumplieron con la ley.

Según los números que maneja la Oficina de Ética Pública de Mendoza, 104 declaraciones juradas fueron completadas y podrían subirse a la web la semana que viene. Asimismo, hay otras 633 que se están cargando pero que cuentan con un plazo de hasta el 6 de noviembre, según la Ley 9069.

Desde la Oficina de Ética Pública aseguraron que la Ley obliga a que 3050 personas estén obligadas a presentar sus declaraciones juradas, sin embargo, este número crecerá en los próximos días cuando el ministerio de Gobierno entregue también la información correspondientes a entidades gremiales, a las personas que trabajan para el Estado y tienen licencia gremial y también a los proveedores y concesionarios del Estado.

"Estamos revisando carga por carga porque hay datos muy sensibles en las declaraciones. La semana que viene se podrían publicar las primeras, pero es mucha información", explicaron desde la oficina comandada por el auditor general Gabriel Balsells Miró, incluso destacaron que hay tres personas colaborando con la carga.

Qué pasa con los incumplidores

Todos los sujetos obligados tiene tiempo hasta el 6 de noviembre para presentar sus declaraciones juradas, pero aquellos que no lo hagan recibirán sanciones.

"Por reglamento interno, después del diez de noviembre se los va a emplazar para que lo hagan en días, porque pueden llegar a tener errores que deben corregir, por eso también se revisa cada. Después de ese tiempo se podrían aplicar sanciones que van del 10% al 25% del sueldo bruto de cada uno", explicaron.

La sanción económica no es la única posible. En caso de que la Oficina de Ética Pública encuentre alguna inconsistencia en las declaraciones juradas, se podría iniciar una investigación para confirmarla y esto podría derivar en una denuncia penal.

Qué deben informar

Cada uno de los funcionarios y gremialistas obligados a presentar sus declaraciones juradas tienen una serie de puntos que sí o sí deben informar.

Entre estos se encuentran los inmuebles, vehículos, joyas y obras de arte que juntas superen el sueldo del gobernador multiplicado por tres, títulos y acciones, sociedades, dinero depositados en cuentas bancarias, la tenencia de efectivo en moneda nacional o extranjera, créditos y deudas hipotecarias, ingresos anuales, ingresos brutos y participaciones en juntas, como director o accionista en sociedades off shore.

Quiénes están obligados a presentarla

Según lo que establece la Ley 8.993, el gobernador, la vicegobernadora, los ministros, secretarios, subsecretarios, Jefes de Gabinetes y directores del Poder Ejecutivo deberán presentar las declaraciones juradas.

Pero no son los únicos, ya que también deben cumplir el mismo requisito los titulares de entes descentralizados, legisladores provinciales, secretarios y directores generales del poder Legislativo.

En el ámbito judicial están obligados los ministros de la Suprema Corte, el Defensor General de la Provincial, el Procurador, camaristas, jueces, conjueces, fiscales, defensores y otros funcionarios de la Justicia.

Mismo camino deben seguir los funcionarios municipales, incluidos los concejales y también toda persona que integre las comisiones de evaluación de ofertar o de adjudicación en licitaciones públicas o privadas, los Jefes de la Policía y del Servicio Penitenciario y los miembros del Tribunal de Cuentas.

En cuanto a los sindicatos, deberán presentarla las autores de las organizaciones con o sin personería gremial que ostenten la representación de empleados de los Poderes del Estado provincial o municipal.

En el caso de los proveedores, es para aquellos que hayan sido titulares de concesiones de servicios públicos y/o las que en el año calendario anterior hubieran sido titulares de contrataciones otorgadas por los organismos que conforman el Sector Público Provincial, cuyo monto de contratación supere en su conjunto la cantidad de sesenta veces el monto máximo para contratación directa que fije anualmente la Ley General de Presupuesto.

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