La iniciativa del diputado radical y médico Daniel Llaver para que las mujeres de entre 25 y 50 años tengan que presentar obligatoriamente una constancia que acredite haberse realizado un Papanicolau en un lapso no mayor de 2 años, ya tiene media sanción de la Cámara Baja.
Cuando se presentó, generó polémicas y rispideces con el Ejecutivo, ya que la directora del Instituto de la Mujer, Alicia Prada, opinó que alejaba en lugar de acercar a la mujer al sistema de salud. En esta oportunidad, quien opinó es la dirigente social Silvina Anfuso, representante de la organización Mumalá, que lucha por la igualdad de derechos. Dijo: “El proyecto es anticonstitucional, no se puede obligar a una mujer adulta a ejercer un derecho”.
De todas maneras, falta la media sanción de la Cámara Alta para que se convierta en ley, pero ya hay un debate de fondo, más aún teniendo en cuenta la actualidad de la discusión para convertir en ley el protocolo de aborto no punible. Anfuso lo trajo a colación: “Hay un cierto viso machista y patriarcal en estas iniciativas, se sigue sosteniendo que la mujer no puede decidir por sí misma sobre su cuerpo”.
El proyectoDaniel Llaver explicó la naturaleza de la idea que ayer obtuvo aprobación de la Cámara Baja. Se pide un examen ginecológico obligatorio a las mujeres de entre 25 y 50 años, que será requisito para entrar en la administración pública, para ejercer la docencia o para obtener el certificado prenupcial, para mencionar algunas de las situaciones en las que se solicitará la constancia.
La realización del PAP figurará en una libreta especial, similar a la de las vacunas. El legislador aclaró que existe una cláusula en el proyecto para que aquellas mujeres que no quieren realizarse el estudio no lo hagan, pero tendrá que llevar el visado de un médico, que avale esta situación.
El justificativo que el legislador le da a su idea es particularmente el de la prevención. “Cada año aparecen en Mendoza 150 casos nuevos de cáncer de cuello de útero y 50 a 60 muertes por esta causa, que podrían haberse evitado con detección temprana de la dolencia”.
Señaló que si bien es un estudio incómodo, es inocuo para la mujer, y el impacto en la salud social es positivo. Por último, dijo que contó con el apoyo de todos los legisladores, porque “nadie puede discutir el espíritu del proyecto”.
Dijo que está a favor de la vacuna contra el VPH, que es una de las iniciativas estatales para evitar muertes de mujeres por cáncer ginecológico. Sin embargo, aseguró que su proyecto no es excluyente y que tiende a disminuir el impacto que es para la sociedad la muerte de mujeres jóvenes por esta causa. Dijo que hay que animarse a discutir estos temas y no tenerle miedo al debate. Esto para hacer alusión a la tibia postura de los senadores, que no llevan el tema del aborto no punible para discutirlo en el recinto.
DiscriminatorioQuien puso el grito en el cielo por la idea, fue Silvina Anfuso (Mumalá). “Creo que nuestros legisladores tienen que leer más la Constitución, este proyecto va contra cualquier forma de libertad, es lamentable que se debata esto”, sostuvo la referente social, que tiene una larga trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres.
“No se puede obligar a una persona adulta a someterse a una práctica médica. El PAP es un derecho de las mujeres en pos de los avances de la ciencia, pero de ninguna manera un deber”, dijo Anfuso y agregó: “Desde una mirada sociológica, termina ubicando a la mujer en un lugar secundario, incapaz de decidir sobre su propio cuerpo. Es una visión tutelar y patriarcal con respecto a la salud de las mujeres”.
