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Colapsó la playa de vehículos secuestrados de Valle de Uco

TUNUYÁN– Los vehículos secuestrados por la Policía debido a su participación en accidentes viales,por infracciones a la ley y falta de documentación o bien por orden judicial han hecho colapsar la

playa de secuestros ubicada en Zapata. Igual situación soportan algunas comisarías del valle. En un

año y medio se ha subastado más del doble de vehículos secuestrados, tomando como parámetro los

últimos cinco años.

Echar una simple mirada desde el acceso a la playa ubicada en el destacamento policial de

Zapata, situado a la vera de la Ruta Nacional N°40 en Tupungato, basta para apreciar la magnitud de

un problema que no encuentra una solución.

El espacio ha colapsado ante el flujo de vehículos que son allí colocados por las más

diversas causas. Esta realidad afecta además a las distintas localidades valletanas, debido a que

al no haber lugar para depositarlos, los rodados secuestrados quedan estacionados frente a las

dependencias policiales. Su presencia no sólo afea el paisaje sino que además genera un problema

para el normal tránsito vehicular.

Tal es el caso de la Comisaría 41 de La Consulta, quizá el más referencial de esta situación.

Meses atrás un camión secuestrado, que obstruía la visión, provocó un choque, que involucró a una

camioneta de la policía y a un vehículo particular, en las puertas de esa dependencia.

Remates

Al momento de hablar de las posibles soluciones, Diario UNO dialogó con la abogada Judith

Peñafiel, quien está a cargo de los remates en las playas de secuestros de la provincia,

dependientes del Ministerio de Seguridad.

Según la Ley 8018 –modificatoria de la 7202– el ministerio intima al titular registral del

rodado secuestrado a presentar la documentación pertinente –tarjeta verde, título de propiedad,

seguro, libre deuda de multas y patentes– para poder retirarlo.

En caso de no hacerlo, a través de un juicio ejecutivo, el rodado es subastado públicamente.

Se trata de un trámite judicial no administrativo, dado que "el Estado no puede apropiarse de

bienes de los particulares, ni confiscarlos", explicó Peñafiel.

Al momento de subastar debe hacerse una verificación técnica del vehículo para corroborar

número de chasis y motor.

Adulterados

En Zapata se da una particularidad: entre el 35% y el 40% de los rodados allí secuestrados

tienen los números de motor y chasis adulterados, situación que constituye un delito penal. Además

impide que se llegue a la subasta, por lo que el vehículo continúa depositado en la playa.

A esta situación se suma un importante número de secuestros por hurto y robo, que tampoco

pueden ser subastados por estar bajo la órbita de juzgados penales, lo que hace que la capacidad de

la playa de secuestros se vea ampliamente superada.