En cuanto a modificar o no la ley de protección integral del agua, la 7.722 en Mendoza, para permitir el uso de sustancias que se consideran contaminantes para el ambiente y tóxicas para el organismo, hubo contradicciones entre los dichos del ministro Guillermo Elizalde y los del presidente de Diputados Jorge Tanus.
¿Cambios en la ley 7.722?
Es que Elizalde juró y perjuró que a la ley no se le tocaba ni un punto ni una coma –“La 7.722 no se toca”, dijo una y otra vez–, y Tanús dio un mensaje diametralmente opuesto.
Contó que el martes por la mañana se reunió con los empresarios rusos que quieren poner en marcha San Jorge, y que se comprometió a que el proyecto y sus consecuencias sean debatidos en Legislatura.
“Hay que dejar en claro que hay varias iniciativas. Por un lado, si es extracción sin tratamiento, San Jorge sólo va a generar cien puestos de trabajo. Ahora, si es extracción con tratamiento de ácido sulfúrico, con los debidos controles, serán 1.500 los puestos de trabajo. Pero para esto, hay que extraer el material y procesarlo en Mendoza. La inversión en este caso sería de U$S1000 millones”, explicó Tanús.
Para esto, es necesario, sí o sí modificar la ley. “Si la 7.722 tiene que tener una modificación parcial porque lo amerita la necesidad de empleo que hay en la provincia, al menos hay que discutirlo”.
Tanús dejó en claro que antes de ayer se reunió con empresarios rusos que van a hacerse cargo de reactivar San Jorge (siempre y cuando la Declaración de Impacto Ambiental sea aprobada por la Legislatura), quienes le explicaron el proyecto y le mostraron cuanto puede adelantar la provincia si su iniciativa consigue el visto bueno de los legisladores.