Una vez conocida la decisión de la Corte Suprema chilena de ratificar la extradición del ex juez federal Otilio Romano, en Mendoza también se reiniciaron los mecanismos judiciales.
Los organismos de DD.HH. ya presentaron el pedido ante la Justicia Federal y la fiscalía hará lo mismo. Se espera que Romano esté en Mendoza en los próximos 30 días.
Buscan que el ex juez Otilio Romano sea llevado a juicio en noviembre
Los organismos de derechos humanos, a través del abogado Pablo Salinas, pidió que Romano y otros ex jueces federales sean llevados a juicio oral el próximo 11 de noviembre, fecha en la que se iniciará un nuevo proceso por delitos de lesa humanidad.
“Creemos que nos van a hacer lugar al pedido, porque la fiscalía va a solicitar lo mismo y Romano no creo que se oponga, porque le conviene ir rápido a juicio”, dijo Salinas.
Ayer, Salinas, tras la novedad de que será extraditado, dijo a UNO: “Siempre confiamos en la Justicia chilena y por eso le dimos poder al abogado Carlos Quesada en Chile para que nos representara. Él consideró que la Corte de Chile tenía que escuchar a las víctimas de Mendoza y la fiscal de la Corte chilena y el juez Sergio Muñoz aprobaron la extradición. Lo que más nos ha sorprendido es que en forma unánime la Sala Penal (que revisó la sentencia) se pronunció a favor”.
Destacó que “esto impone un precedente muy importante: que no se dan asilos políticos por crímenes de lesa humanidad y que Chile cumple con los tratados internacionales”.
La idea de Salinas es aprovechar el juicio contra Enrique Blas Gómez Saá, para que también sea enjuiciado un grupo de ex funcionarios de la Justicia Federal.
Estos serían Otilio Romano y Luis Miret, quien fueron destituidos, Gabriel Guzzo, Rolando Carrizo y Guillermo Max Petra Recabarren.
La causa Romano
Romano se encuentra acusado de haber sido partícipe primario en 103 delitos de lesa humanidad, al no haber investigado denuncias por torturas, secuestros y desapariciones cometidas entre 1975 y 1983, cuando se desempeñaba como fiscal.
El ex magistrado fue imputado en agosto de 2010 y en ese momento comenzó un proceso judicial que tuvo denuncias cruzadas. Paralelamente, el Consejo de la Magistratura también comenzó a investigarlo hasta finalmente destituirlo en diciembre de 2011.
Unos meses antes de que eso ocurriera, Romano huyó a Chile donde pidió asilo político, por lo que en ese país se inició un proceso de extradición, que derivó en el regreso de Romano a Mendoza, ordenado por la Corte Suprema chilena, algo que debería ocurrir en los próximos 30 días, según los tiempos judiciales.