Lo sostuvo el especialista Gustavo Chávez, quien explicó porque es viable hacer efectiva la Guía Técnica Nacional sin que la Legislatura sancione la norma. El Senado provincial la desaprobará.
Aunque los senadores lo rechacen el protocolo de aborto no punible podría aplicarse en Mendoza
Si bien sería una ventaja que el protocolo para realizar abortos no punibles se aplicara por ley en Mendoza, estrictamente no es necesario que así suceda. Gustavo Chávez, abogado del hospital Paroissien, de Maipú, y especialista en el tema, explica cuáles son los pasos a seguir y qué se puede hacer frente a la falta de legislación.
Camino alternativo
“Si bien no es de aplicación irrestricta, el protocolo nacional para la realización de la interrupción legal del embarazo está vigente en todo el país. Esto significa que queda a criterio de cada institución el hecho de hacerlo efectivo o no”, sostiene el abogado, tratando de echar luz sobre un tema que genera intensas polémicas.
El abogado no desestimó que su aplicación por ley tenga algunas ventajas.
Uno de los puntos a favor que tendría la existencia de una legislación es que el Ministerio de Salud debería garantizar que la práctica se efectúe, aunque los médicos de un hospital público objeten hacerlo por la cláusula de conciencia. Esto significa que un profesional se puede negar, pero no así el Estado. Aunque sin ley, esta ventaja no existe.
El abogado explicó que es un principio constitucional el que indica que lo que no está prohibido está permitido. Y por eso, para dar vía libre a la interrupción legal de la gestación sólo son necesarios algunos sencillos pasos.
Qué hacer
Lo primero que debe hacer una mujer que ha quedado embarazada por tener relaciones sexuales forzadas es asistir al sistema público de salud. Lo que se debe pedir es que firme una declaración jurada expresando su situación y firmándola.
Paso dos: contactarla con un médico del hospital que no tenga ningún inconveniente para realizar la práctica. Chávez explicó que la identidad de la mujer y el médico son estrictamente reservadas.
La declaración jurada es una protección para el profesional y para el centro sanitario al cual se acude. Con respecto al temor de los médicos de tener problemas legales, el abogado explicó que en el peor de los casos, por ejemplo si se advierte que la mujer mintió en su declaración, se podría considerar negligencia del profesional, lo que no es un delito.
24 senadores en contra
Catorce senadores alzarán la mano el martes para que Mendoza tenga una protocolo de aborto no punible. Los otros 24 se negarán a aprobar un proyecto que sólo busca regular el cumplimiento al artículo 86 del Código Penal de la Nación. Artículo que ya tiene un fallo de la Corte Suprema de Justicia que lo interpreta de forma amplia: es decir que alcanza a todas las mujeres violadas, no sólo a las discapacitadas mentales.
Diputados le dio media sanción en setiembre. El Senado se tomó casi tres meses para discutirlo. Pospuso el debate una vez (iba a tratarse el 13 de noviembre) y todo parece indicar que el martes será rechazado.
