En el Gobierno local nadie se anima a calcular la cantidad de millones que habrá que pagar a los titulares de la firma Transporte Colectivos del Oeste, luego de que el fallo de la Suprema Corte sentenciara que durante el gobierno de Julio Cobos esta empresa fue excluida de forma ilegítima de la licitación para competir por los recorridos de la línea 7, proceso en el que fue favorecida la firma El Cacique.
Tras el fallo en el que la Suprema Corte sentenció que el empresario fue excluido de forma ilegítima de una licitación, varios apuntan contra la ex directora de Transporte de Cobos, Patricia Gutiérrez.
Al Gobierno de Mendoza le preocupa lo que costará el juicio de Corsino
Algunos, que prefieren no identificarse, aseguran que el dinero que pierda la Provincia lo tendría que pagar la legisladora Patricia Gutiérrez, quien era en ese entonces, directora de Transporte de Cleto.
La diputada tuvo durante 2004 y 2005 parte de la responsabilidad del proceso en el que el gobierno de Julio Cobos fue dejando fuera del negocio a las líneas de colectivos que operaba Emilio Corsino y que implicó que también lo dejaran fuera de la licitación privada que se organizó por los recorridos de la línea 7.
En esa época el Ministerio de Obras, capitaneado por el ex ministro y amigo personal de Cobos, Francisco Morandino, y los informes de la Dirección de Transporte que conducía Patricia Gutiérrez, desaconsejaron cualquier adjudicación a favor de las empresas de Corsino.
Mientras en el Barrio Cívico esperan que de un momento a otro les caiga el juicio civil, la diputada Gutiérrez blanqueó sin inconvenientes la actitud durante su gestión, de hacer lo que fuera para dejar a Transportes Colectivos del Oeste y a Corsino afuera, favoreciendo a la empresa El Cacique.
La confesiónA un medio digital local, Gutiérrez confesó: “Es claro que no queríamos que (Emilio) Corsino se quedara con el servicio (del transporte público de pasajeros) porque había sido un desastre”.
Ya había un claro prejuicio en 2005 de Patricia Gutiérrez y el gobierno de Cobos contra el ahora ganador del juicio, a partir de la deficiente prestación en el pasado de las empresas de transportes locales, caos que había estallado por una razón crucial: el congelamiento del precio del boleto durante años por los gobiernos de turno, arrastró a los dueños de firmas de colectivos a un estado de banca rota evidente y deudas crónicas por casi $100 millones con el Estado provincial, situación que objetivamente no tenía arreglo.
Con esos antecedentes, la vara que midió quién merecía quedarse con la licitación y quién no, a partir de los informes que llegaban desde la Dirección de Transporte de Patricia Gutiérrez, no fue igual para todos.
Y los resultados de esas decisiones hoy podrían costar millones luego de que en octubre la Suprema Corte sentenciara que Transporte Colectivos del Oeste “fue excluida ilegítimamente del proceso licitatorio” y que “se ha probado que su oferta y puntaje la favorecían frente a El Cacique”.
En otro párrafo la Corte dice que “en su demanda (Transporte Colectivos del Oeste) formula reserva de daños y perjuicios por la arbitraria e ilegítima resolución del Decreto Nº1403/05 y es precisamente ese derecho el reconocido mediante el presente pronunciamiento”.