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A un año del ingreso del proyecto a la Legislatura, la provincia aún no cuenta con la ley que crea el Banco de Tierras en base a la expropiación de terrenos ubicados en zonas productivas y bajo riego, pero que se encuentran abandonados. Organizaciones vinculadas con trabajadores rurales insisten en que su sanción permitiría el acceso de muchos de ellos a las tierras y terminaría con ciertas maniobras fraudulentas vinculadas con el mercado inmobiliario.
“Dada la crisis hídrica actual en la provincia no podemos permitir que se derroche el agua en tierras incultas, en zonas con grandes posibilidades de generar riquezas, por ello propongo el debate en relación a proceder a la expropiación de las tierras abandonadas cuya deuda con Irrigación supere el avalúo fiscal”. Estas palabras de Francisco Pérez, pronunciadas en ocasión de la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura de 2012, manifestaron la decisión del Gobierno de avanzar en la recuperación de tierras abandonadas. La frase se traduciría tres meses después en un proyecto de ley que el Ejecutivo envió a la Cámara de Senadores, a instancias del Departamento General de Irrigación, para crear un Banco de Tierras Rurales conformado por terrenos fiscales, tierras donadas o legadas al Estado provincial y otros inmuebles rurales, entre ellos, aquellos de una superficie igual o mayor a las 10 hectáreas que fueran expropiados y declarados de utilidad pública en virtud de registrar deudas impagas y exigibles que excedieran el monto del avalúo fiscal, ya sea por tributos adeudados a Irrigación o a la Dirección General de Rentas. En aquella oportunidad se informó que unas 13.000 hectáreas cumplían con estas características, superficie que equivale al oasis del departamento de Tupungato. De ellas, 4.500 están registradas en la cuenca del río Atuel, una cantidad similar sobre el río Diamante, unas 2.500 en la del Tunuyán inferior y otras 1.500 en la del río Mendoza. Justamente por ubicarse la mayoría de ellas en el sur provincial fueron entidades intermedias de esa zona las primeras en oponerse a la iniciativa, argumentando, entre otras cosas, que avanzaba sobre la propiedad privada. Sin respuestas “Para la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) la gran cantidad de tierras irrigadas improductivas aumenta los conflictos por el terreno. En estos últimos años ha crecido el avance del agronegocio sobre las tierras de secano en posesión de comunidades campesinas, para incorporarlas al sistema de riego con pozos, derechos precarios o reusos y tecnologías de riego por goteo”, explicó una de sus integrantes, Lena Mozas. Y agregó: “Muchos propietarios con deudas se hacen rematar la finca y la recompran por pocos pesos, pero ya limpia de deudas. Se está promoviendo también la industria del juicio”. La UST, que acompañó desde el principio la sanción de esta ley, ya ha concurrido en dos oportunidades a la Legislatura para tratar de agilizar el trámite. La primera vez fue en diciembre del año pasado, cuando la organización cumplió 10 años y marchó hacia la Casa de las Leyes para acercarles algunos aportes a los senadores. La segunda vez fue en mayo de este año, cuando pidieron una audiencia con los legisladores del PJ para insistir en la sanción. Fracasaron en los dos casos. Sin tratamiento “No se ha tratado porque el oficialismo no lo ha impulsado. Por más que yo personalmente no estoy de acuerdo con el proyecto, cuando se pida tratamiento en la comisión, se le dará”, dijo el senador Sergio Moralejo (UCR), presidente de la comisión de Economía y Comercio Exterior, sitio donde se encuentra alojado desde setiembre del año pasado el expediente 62.576. Según el legislador, en una oportunidad se convocó al ministro de Agroindustria, Marcelo Barg, para que explicara “cuál sería el fin de las expropiaciones, con qué método se realizarían, a quién se le iban a otorgar esas tierras y cuánto se les iba a pagar a los propietarios, pero esas dudas no se pudieron zanjar”. Diario UNO intentó comunicarse con los senadores José Ignacio Ortigala y Matías Stevanato para conocer su opinión. Sin embargo, un asesor del primero manifestó que el legislador tenía unos problemas personales que le impedían el contacto, mientras que el segundo acordó un contacto telefónico que, al menos al cierre de esta edición, nunca se concretó.
