Abusos: El SUTE defendió a la ex directora de la escuela

Con estas palabras, Liliana Chaves, secretaria gremial del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE),  manifestó el respaldo institucional a Nancy Bunader, autoridad del establecimiento que fue apartada  preventivamente de su cargo después de los reclamos surgidos por la maestra jardinera Sofía Lorena Massoputs, denunciada de abusar de tres menores. A la docente imputada por la Justicia se la separó también de su  función, aunque la decisión llegó cuatro meses después de la primera acusación judicial.

Desde el SUTE entienden que la directora de la Cristo de la Frontera, que pagó con su cargo las demoras administrativas, no es responsable porque actuó como debía. Explicaron que esperaron tener las pruebas para  argumentar a su favor y afirmaron: “Nos piden autocrítica a los docentes pero, esta vez, lo respaldan los documentos. El peso de la falta de respuesta del poder político recayó en la separación de una directora que había  actuado correctamente”.

Lo que el gremio sugiere es que las cargas deberían ser, al menos, compartidas. “La mayor responsabilidad es de la DGE y de ahí, la directora de Nivel Inicial (Beatriz Sangrandi), a quien deberían pedirle la renuncia. Sacaron  a la directora de la escuela para que el reclamo de los padres se tranquilizara. Por eso para nosotros Bunader es un chivo expiatorio del poder político”, transmitió Chaves, sobre la directora a quien desde el  sindicato, por ser afiliada, se la asesora legalmente.

De acuerdo a lo que le consta al gremio, la autoridad de la Cristo de la Frontera tiene constancias de que “actuó y elevó informes a sus superiores desde el momento en que se enteró de la primera denuncia”, documentos que ya presentó en la Justicia. “El expediente pasó a la supervisión y se demoró en la Dirección de Nivel Inicial, donde recién cuando surgió la segunda denuncia y la problemática se hizo pública, intervinieron”, añadió  Chaves.

Se le preguntó a la secretaria gremial si, además de impulsar el procedimiento administrativo, Bunader podría haber separado a la maestra inmediatamente después de que una madre le contó el primero de los hechos: “No  es una facultad que pueda ejercer. La directora no tuvo respuestas de la DGE, que sí podía intervenir, pero desestimó el expediente. Asimismo, por una decisión con la que el sindicato no está de acuerdo, la Junta de  Disciplina que evalúa el accionar docente no puede actuar en casos de suplentes, como es el de esta maestra jardinera”.

“Hizo lo que dice el protocolo”

Hace dos semanas, los padres se manifestaron en la puerta del jardín exigiendo la renuncia de las autoridades escolares y de la DGE por las demoras en las acciones.

También pidieron mayor celeridad judicial, ya que se imputó a la maestra también cuando los episodios fueron públicos.

“Nos enteramos por los medios y fuimos a la escuela, donde estaban los padres reclamando. La directora Nancy Bunader manifestó allí que había cumplido con el procedimiento administrativo en el mes de abril y mostró la  documentación que verificaba que lo hizo en tiempo y forma. Cuando se enteró que había una denuncia en la fiscalía, hizo las actas correspondientes tal cual lo indica, por ejemplo, el protocolo que hoy se discute en las  escuelas, y lo elevó a la supervisión, de allí a la coordinación de supervisiones y al Nivel Inicial. Esperó, sin respuesta alguna”, detalló sobre lo sucedido la secretaria del SUTE.

La gremialista contó que cuando el caso tomó estado público, actuó el director de Primaria, Walter Berenguel: “Al otro día de la manifestación pública hubo una jornada con los docentes. También una reunión con los padres  de los alumnos, quienes expresaron que no estaban conformes con la directora. Eso llevó a Berenguel a separar a esta autoridad del cargo, al margen de lo que se había decidido con la maestra acusada y de los hechos. La disconformidad con un directivo no es un motivo suficiente para tal determinación. Si ese fue el motivo, la DGE debería haber mediado para encontrar una solución”.

Sin novedades en la Patricias Mendocinas

Cuando a fines de julio este diario dio a conocer el caso de una alumna de la escuela Patricias Mendocinas a la que su madre debió cambiar de colegio por el acoso que sufría de sus pares, la Junta de Disciplina (cuerpo colegiado que evalúa el accionar docente) inició una investigación sobre la directora, María Luz Cerdá, que aún no tiene resoluciones. “Deben levantarse los testimonios y darle la posibilidad de una defensa a la directora. Ella  y la maestra, que siguen en funciones, insisten en que no es un caso de bullying, sino un enfrentamiento entre grupos”, informaron desde el SUTE, que tiene representación en el organismo colegiado.

El lunes hay elecciones de representantes para las Juntas (de Disciplina y Evaluación), proceso que también influyó en las demoras del proceso administrativo. “¿No hay ninguna responsabilidad de parte de los docentes,  como esta directora?”, se les preguntó a los integrantes del SUTE, que respondieron: “Se ha complejizado la tarea y los docentes no tienen capacidad de asumir todas las tareas que se les exigen. Por eso, para estas nuevas problemáticas, necesitamos nuevas figuras dentro de la escuela”.

Mateluna: “Le pedimos al Gobierno que madure”

Un día después de las jornadas, el titular del SUTE, Adrián Mateluna, salió a criticar el protocolo de intervención que elaboró la DGE para situaciones de violencia.

Exigió la apertura de paritarias como ámbito donde se puedan  discutir estas políticas y habló de que el gremio propone un “protocolo que se construya a partir de lo que los docentes expongan en las escuelas”.

Contó que el día en que se realizaron las jornadas en los jardines, primarias y secundarias mendocinos, ellos enviaron una guía a los maestros y profesores: “Allí proponíamos situaciones para que los educadores fueran  quienes plantearan las distintas soluciones. Con esas conclusiones, elaboramos esta síntesis de lo que creemos debe hacerse”.

En la misma jornada muchos docentes plantearon la falta de intervención sindical en esta coyuntura y, conociendo esto, Mateluna endureció sus críticas hacia el Gobierno escolar, al que le pidió que “madure”:

“Estamos desolados. Exigimos al Gobierno que garantice la seguridad de los trabajadores, alumnos y todos los actores de la comunidad. Le pedimos que madure”.

Entre las ideas que el SUTE maneja –además de una herramienta que garantice la participación de todos–, se sumó la necesidad de jornadas provinciales, formación continua, equipos de orientación en todas las escuelas,  nuevas figuras para abordar nuevas problemáticas, respetar los tiempos jurídicos para el resguardo personal frente a la opinión pública, jornada laboral de cuatro horas para docentes y de seis horas para celadores y  concentración de horas para el nivel medio.