Mendoza Sábado, 28 de julio de 2018

Aborto: silencio de las dos senadoras mendocinas

Sagasti y Verasay se pronunciaron a favor de la iniciativa, pero no quieren confirmar si apoyarán cambios al proyecto.

A 12 días del debate en el Senado, el proyecto de legalización del aborto debe sortear una gran encrucijada: cambiar el texto de la media sanción de Diputados, o dejarlo tal como está y perder tres votos de los legisladores que lo votarían en contra si no se modifica.

A esta altura, perder tres votos puede ser la diferencia entre tener que archivarlo o que vuelva a Diputados en revisión.

La situación se ha vuelto muy compleja y en la Cámara Alta las posiciones se endurecieron. Si se votara hoy, sería en negativo.

Este es el motivo por el cual Pamela Verasay (Cambiemos) y Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana), las dos legisladoras mendocinas que aseguraron que lo votarían a favor, actualmente no quieren hacer declaraciones. Sin embargo, se sabe que la posición de ambas no ha cambiado y que sin flexibilidad el proyecto quedará en la nada. Probablemente apoyen las modificaciones. En cambio, la posición de Julio Cobos no varió: lo va a votar en contra, con o sin cambios.

Sin embargo, para despejar el panorama hay que esperar al 1 de agosto, cuando salgan los despachos del plenario de tres comisiones donde se discute la iniciativa.

Los posibles despachos

Las comisiones de Salud, Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales se reunirán el miércoles para elaborar los dictámenes que se llevarán el 8 de agosto al recinto. En rigor puede haber tantos despachos como posturas existan, pero con respecto al aborto hay tres claramente definidas: los legisladores que están a favor del proyecto y que apoyan la media sanción de Diputados, los que quieren aprobar el proyecto con cambios y los que están definitivamente en contra.

Si bien en un principio su posición era más rígida, los senadores que pujan por la aprobación están dispuestos a negociar. Esto porque sin modificaciones la iniciativa quedaría en la nada.

Lo que buscan es sumar a dos senadores cordobeses, Ernesto Martínez y Laura Rodríguez, que elaboraron la "opción Córdoba", que consiste en introducir variaciones en el texto que aprobó Diputados (ver aparte). Ellos, más el vicepresidente del bloque del PJ, Carlos Caseiro, probablemente se sumen a la aprobación si en el plenario se aceptan los cambios.

Entonces la clave está en el despacho que consiga la mayoría de las firmas el primer día de agosto. Si es el del rechazo al proyecto y se lleva a la sesión de tablas, el resultado es incuestionable. En cambio, si el dictamen de mayoría es el de IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) con modificaciones, el proyecto continúa vigente y debe volver a Diputados.

La Iglesia mete presión

Según fuentes del Senado de la Nación, las presiones hacia los legisladores son cada vez más fuertes. Algunas vienen de la cúpula de la Iglesia Católica y aumentan conforme se acerca la fecha de la votación.

Entre los parlamentarios a favor del proyecto hay quienes no salen a decir públicamente su posición porque no quieren arruinar la estrategia que se plantea en pos de que el proyecto no sea archivado.

Cuatro variantes principales

El senador cordobés Ernesto Martínez (Cambiemos) fue uno de los impulsores de modificar el proyecto con media sanción de Diputados en la Cámara Alta.

El legislador dialogó con radio Nihuil y detalló los cambios que tanto él como Laura Rodríguez y el vicepresidente del bloque del PJ, Carlos Caseiro, han propuesto realizar.

En primer lugar se acota el tiempo de gestación, de 14 a 12 semanas. Martínez dijo que Diputados nunca explicó por qué se determinó ese periodo sin discutirlo previamente.

El segundo aspecto a modificar es la no penalización para los médicos que obstruyan la práctica del aborto. El proyecto original contempla una acción penal por ese motivo.

El tercer cambio es el de la posibilidad de que una institución se declare objetora de conciencia y se niegue a realizar abortos. Esto, según Martínez, tiene que ver con que hay muchas clínicas privadas que pertenecen a una religión, como la Clínica Adventista de Buenos Aires, en la que no están de acuerdo con realizar la práctica. Por último, pretenden ayuda económica para los efectores municipales que deban realizar la IVE, y un tiempo de transición a fin de formar equipos médicos que se ocupen de la atención.

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