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El Gobierno apelará un fallo que libera el precio de la TV por cable

El Gobierno nacional apelará el fallo judicial que libera el precio de la TV paga para las empresas socias de la Asociación de Televisión por Cable (ATVC).

El Gobierno nacional apelará el fallo judicial que libera el precio de la televisión paga para las empresas socias de la Asociación de Televisión por Cable (ATVC) y recusará al juez que dictó la medida.

"Estamos en proceso de apelación y recusación", indicó el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López.

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Precisó que "recibimos la notificación" del nuevo fallo del titular del juzgado federal número 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, expediente 858/2021, que ordena que se "suspenda la aplicación y ejecución" del DNU 690 y toda norma posterior "hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos, con respecto a todas las empresas que conforman la clase aquí certificada".

Las empresas certificadas son las asociadas a ATVC, que reúne a las operadoras de televisión por cable.

Este es el segundo fallo de Bustos Fierro que va en contra de lo dispuesto por sus pares en otras jurisdicciones. En el primer fallo de principios de este año se benefició a la empresa cordobesa TV Cable Color, y el Gobierno recusó al juez y apeló la medida.

"El juez se excusó, la causa cambió de juez y ahora la Cámara de Apelaciones tiene que expedirse", precisó López. "El juez se excusó, la causa cambió de juez y ahora la Cámara de Apelaciones tiene que expedirse", precisó López.

El funcionario recordó que "todos tienen derecho a cuestionar la constitucionalidad de una medida del Gobierno, un proceso que lleva tiempo y que se dirime finalmente en la Corte".

Pero "en medio de una segunda ola (de coronavirus) le pedimos a la gente que estudie, trabaje, que se anote para vacunarse, todo por internet" y "ahora un fallo judicial le dice a un grupo de empresas que cobren lo que quieran", añadió.

"Es bochornoso", remarcó López en conversación con la agencia estatal Télam, para agregar que "el Estado tomó una medida más que razonable".

Las comunicaciones "son un servicio público porque se le dice a la gente que todo lo tiene que hacer bajo esa modalidad" y "si no regulamos el precio, condenamos a la gente", concluyó.