El gobierno de Macri desplegó una tardía, aunque a la postre efectiva capacidad de reacción, y logró frenar -en apariencia- que el Senado de la Nación terminara votando la reforma que pergeñó la oposición para el Impuesto a las Ganancias y que ya se había aprobado en la Cámara de Diputados.
La Comisión de Hacienda y Presupuesto no logró reunir las firmas necesarias para mandar el proyecto de ley al Senado y se pasó a un cuatro intermedio hasta la semana que viene.
No es que el Gobierno haya hecho hocicar a la oposición legislativa. Ha tomado aire y ha logrado plafón para discutir desde otra posición de fuerza.
Y lo ha logrado otra vez con la ayuda de los gobernadores y de los ministros de Economía de las provincias, incluso, los peronistas, ya que las provincias estarían entre las principales afectadas si se diluyeran de sopetón los montos coparticipables de Ganancias.
Es que la ley de la oposición borra de un plumazo a la mayoría de los aportantes del llamado "impuesto a los sueldos", lo cual amenazaba con dejarle al Ejecutivo un agujero negro.
El Gobierno consiguió ahora lo que quería: ganar tiempo para compensar el error de haber dejado que, en medio de las sesiones extraordinarias, donde se tratan sólo proyectos del Poder Ejecutivo, la oposición le modificara la ley gradualista de Ganancias que proponía el Gobierno y la transformara en otra cosa distinta con los aportes de sectores diversos del peronismo.
Mucho le sirvió a Macri la reaparición del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que estaba de visita oficial en China y que con muñeca política, logró convencer a las provincias de los efectos nocivos que provocaría en sus finanzas la sanción del proyecto que llegó de Diputados.
Esta salida a la encerrona que el propio Gobierno se había echado encima por un error político tiene un pecado de origen: Macri había prometido en su campaña la modificación de Ganancias. Tuvimos que esperar que asumiera para que nos dijera que los cambios iban a ser por etapas, no de golpe.
