El pedido de juicio político al integrante de la Corte local Carlos Böhm puede ser una oportunidad para reanalizar la historia local

Una sana depuración de la Justicia mendocina

Por UNO

Por Jaime Correas

En 2010, el ex gobernador Arturo afalla tuvo la buena idea de dejar asentada en un libro su experiencia de 1995 a 1999. Una especie de rendición de cuentas que ojalá todos los hombres públicos hicieran, pues sirve para analizar y valorar lo ue allí se dice y argumenta.

En este espíritu, vale la pena retornar en el túnel del tiempo para revisar algo sucedido en 1997 y que tiene ecos hoy. Quizás sirva para que el propio Lafalla agregue algún día unos párrafos a su Testimonio de un gobernador, editado por Ediunc

Esta semana tomó estado público el pedido de juicio político al miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia Carlos Böhm por parte de dos legisladores provinciales.

Las causas son simples y contundentes. El magistrado se excusó de tratar el caso de una jueza aduciendo amistad con ella, cuando se la quiso someter a Jury de Enjuiciamiento por una larga licencia por enfermedad, y luego dio su firma para garantizar que se le pagara una vez que ella le hizo juicio laboral al Estado por su incapacidad física.

Es decir, adujo amistad cuando se la iba a llevar a Jury por no trabajar, siendo que hay magistrados más impedidos que la profesional en cuestión que sí trabajan, pero no apeló a esa situación en esta otra circunstancia y firmó que se le pagaran más de $700 mil de indemnización, a partir de un pedido de casi $4,5 millones que había hecho la mujer.

¿Qué relación tiene esto con las rendiciones de cuentas de un ex gobenador?

Que, justamente, Carlos Böhm llegó al máximo tribunal propuesto por su compadre Arturo Lafalla, padrino de uno de los hijos del magistrado, y cuando se produjo la propuesta en 1997 desde todo el arco político se cuestionó la amistad que los unía y la militancia del postulante en el peronismo, que también lo unía al entonces gobernador.

Los nombres propios sólo sirven para empiojar los análisis porque se olvidan las ideas y los principios cuando se embarran con las historias personales. Pero desgraciadamente en este caso es necesario hacer algo de historias personales para poder entender. La ex jueza Stella Ontiveros era la esposa del ex intendente de Luján Luis Carral, compañero de militancia de Lafalla y Böhm en el peronismo, y es la prueba viviente de la pertinencia de las objeciones cuando en marzo de 1997 el PD emitió un duro documento contra la postulación de Böhm y algunos legisladores radicales salieron también a cuestionar la candidatura con el argumento de la amistad. Lafalla lo minimizó, porque, dijo, los mendocinos estaban al tanto de lo "independientes" que eran los otros poderes con él en el Ejecutivo.

Un tema de fondo deberá tenerse en cuenta como aprendizaje para el futuro: ¿es un dato tan menor que la principal razón de la postulación en un cargo tan sensible como miembro de la Corte sea la amistad o el parentesco? Porque es imaginable que en ese momento Lafalla tenía infinidad de postulantes para ese puesto que no eran amigos o parientes suyos, tanto o más idóneos que Böhm. Con lo cual, es obvia la razón por la que lo eligió.

Segundo tema que debería ser ejemplar para las designaciones de aquí en más. ¿Cuál es la evaluación del desempeño de Böhm en la cámara Penal y Laboral que integra? Alguien tan prestigioso como Aída Kemelmajer de Carlucci no se ha cansado de decir que no está conforme con su propio paso por el máximo tribunal porque considera que el fuero civil y comercial, donde ella se desempeñó, no ha mejorado, sino todo lo contrario.

¿Qué piensan Böhm y Lafalla de cómo son los fueros penal y laboral hoy, después de los muchos años en él del ahora cuestionado? Porque es de imaginar que su compadre lo puso en ese lugar para que contribuyera a mejorarlo.

Para ayudar a la memoria basta recordar los escándalos con las industrias del juicio laboral en el Este y la detectada por la Superitendencia de Riesgos del Trabajo. Es un secreto a voces que se repite en todos los recovecos de la Justicia mendocina que esas gravísimas irregularidades no hubieran podido suceder y, sobre todo, perpetuarse en el tiempo con total impunidad, sin al menos la vista gorda de la Suprema Corte local, en su fuero laboral, que actuó débilmente y muy tarde, cuando los hechos ya eran flagrantes. Para no hablar del rosario de papelones en lo penal de la Justicia local.

Si la idea de Lafalla fue que Böhm podía ayudar a mejorar la justicia penal y laboral no parece haber sido uno de los aciertos de su gestión. Con este panorama y, sobre todo, con otro ingrediente puesto a la consideración pública por los legisladores, que es la salud psicofísica del juez cuestionado, habría que revisar lo actuado por el fuero penal y laboral en los últimos tiempos y mirar con atención el presente.

Esta es una tarea de la que los otros dos poderes, el Ejecutivo en la figurea del gobernador Francisco Pérez y la Legislatura en pleno no se pueden desentender. Sobre todo, porque, por desgracia sea dicho, el Poder Judicial actual ha demostrado que la defensa corporativa es uno de los males que lo carcome por dentro.

Ese asunto de que se deja seguir a jueces que no trabajan, a insanos físicos y psíquicos, esgrimiendo absurdas razones, cuando a cualquier servidor público (los jueces lo son aunque no se den cuenta) se lo jubila por incapacidad, es algo que no debería seguir. Y cada vez se hace más claro que los magistrados deben ser sometidos periódicamente a pericias físicas y psicológicas. Es demasiado grave lo que tienen entre manos y los resultados no son óptimos. Lo actuado por Böhm es tan obviamente incorrecto, que la Justicia tiene a su alcance la oportunidad de empezar a depurarse.