Flaquea la división de poderes

desde el Ejecutivo, interviene avanzando en funciones de los otros poderes. Los legisladores

quieren gobernar, y a veces lo hacen, y los ejecutivos se atribuyen la función de legislar.

Ejemplos hay cientos, pero quizás uno de los más flagrantes y distorsionadores es la

permanente judicialización de los problemas políticos. Sea dicho en descargo de la Justicia, aunque

no la justifica en el ciento por ciento de los casos, que es la propia política la que en su

incapacidad recurre a los estrados para que les den soluciones a los entuertos que no logra

dirimir. Y a veces también le viene bien meterse, porque le da poder. Y lo hace.

Un ejemplo típico, entre muchísimos, es el del reciente conflicto, todavía encendido en algún

modo, de los dineros de coparticipación que deben recibir los municipios. Pelea originada en el

Presupuesto que no avanza. Las comunas gobernadas por radicales fueron a la Justicia, estimando que

el gobierno de Celso Jaque les retenía indebidamente dineros que ya estaban aprobados. Esto se dio

en el confuso y poco sano proceso de aprobación del Presupuesto, que tiene a todos enmarañados.

La verdad es que cuando uno consigue desbrozar un poco los hechos se da cuenta de que cada

uno de los protagonistas detenta sus razones parciales, pero que ninguno las tiene todas de su lado

y que, fundamentalmente, lo que no funciona es la política.

Se han demolido los mecanismos por los cuales durante años se presentaba un presupuesto, se

lo discutía y se lo aprobaba con cambios negociados que dependían del poder de la oposición.

¿Por qué antes no se producían, tanto a nivel nacional como provincial, los conflictos que

hay ahora para la aprobación de la pauta de gastos? La razón es simple: porque había un sistema

político, con sus carencias y sus fallas, pero que funcionaba no sólo con mañas sino con el respeto

de leyes de juego básicas para que el juego pueda ser llevado a cabo.

La demolición del sistema político en los cruentos días de 2001 llevó a que con la llegada

del kirchnerismo a nivel nacional se impusiera un modo bélico de entender la política, en el cual

los sistemas colegiados, el Congreso nacional o la Legislatura provincial, sólo sirven y se los

admite en la medida en que apoyan sin restricciones lo que los Ejecutivos quieren. Ha desaparecido,

con el debilitamiento de los parlamentos, el espíritu de la división de poderes, que apunta a que

cada uno cumpla una función, con representaciones lo más equilibradas posibles para evitar excesos.

Pero cuando quienes ejercen uno de los poderes consideran que los otros son reprobables al punto de

que no deberían siquiera participar en el sistema democrático, sucede lo que hoy acontece en la

Argentina.

El caso mendocino es paradigmático porque el Ejecutivo manda un Presupuesto al que quiere de

algún modo que se le acepten todos sus puntos, incluido el endeudamiento. La oposición radical, que

ya piensa en llegar en las próximas elecciones al poder –aunque hace todo para no conseguirlo– se

opone de plano y no negocia, sino que exige "déficit cero", lo cual parece a todas luces imposible.

El resto de la oposición parece ser convidada de piedra, porque no tiene mayor representación ni

fuerza en el concierto social.

Un proceso que en el pasado se dirimía en los pasillos legislativos, con diversas

negociaciones protagonizadas por personalidades que saben de números y pueden contribuir a hacer

mejor la vida institucional de la provincia, ha sido remplazado por declaraciones periodísticas,

generalmente altisonantes, en las cuales diversos personajes menores hacen su negocio a costa de la

vida provincial. Nada avanza, sólo se rellenan páginas de diarios, donde los más picudos, ese

elenco estable de grillos que cantan a la luna, hacen las delicias de periodistas mientras el resto

de la provincia espera que los temas se solucionen.

Y en ese punto se suma aún más confusión y aparecen otros habituales protagonistas, los

intendentes, para jugar su papel. Se los mete en medio, cuando nunca deberían haber estado ahí,

porque tienen aspiraciones y al que quiere celeste, que le cueste. La razón es simple, como el

proceso viene muy mal parido, se los usa como arietes para que los fondos que deben recibir hagan

las veces de "incentivo" a su participación. Por supuesto el conflicto avanza y los intendentes de

la oposición van adonde nunca debería recurrir la política si funcionara: la Justicia.

Una de las peores lacras que ha generado el sistema político ha sido la judicialización de

los conflictos de la política. Y es allí donde surge otro de los problemas, porque hace mucho que

la Justicia tiene una mala relación con los gobiernos de turno y usa, aunque no lo quiera o no

corresponda, argumentos jurídicos para inmiscuirse en conflictos que no deberían ir a su ámbito. En

los últimos años sólo alguna vez la Corte nacional le dijo al Gobierno que no iba a intervenir

porque consideraba que era de su órbita la solución de un conflicto. Las otras veces los

magistrados han tenido la tentación de inmiscuirse. Todos juegan sus partidos y tratan de sacar

provecho.

Porque en el fondo ¿cuál es el problema? Que la Corte local tiene conflictos con el poder

político y se hace difícil llegar a la conclusión de quién fue el primero en actuar mal. Los

políticos les achacan a los supremos sus actitudes, pero cada vez que los pueden castigar o

debilitar lo hacen. En el fondo los jueces quieren controlar la política para manejar mayor cuota

de poder y los políticos quieren tener injerencia sobre la Justicia. La desgracia, porque este

mecanismo no es nuevo, es que el conflicto está complicado y cada uno ha pasado líneas que no

debería haber superado. No en este gobierno, sino ya en los anteriores.

Durante la gestión de Roberto Iglesias se inició un conflicto de dinero, tanto para la

financiación del sistema como para los sueldos de los jueces, que nunca fue superado. Jaque les dio

lo que querían en lo salarial, pero los magistrados de la Corte siguieron adelante con el Ejecutivo

la pelea a través del dinero del presupuesto de funcionamiento. El Gobierno les saca plata, la

Corte chilla y así siguen, hasta el próximo conflicto judicial, en el que la Corte actúa y entonces

es el Ejecutivo el que chilla. Es decir, el cuento de nunca acabar; mientras, la provincia no tiene

presupuesto, la ciudadanía descree de la Justicia y la política sigue débil porque no logra generar

mecanismos de fortalecimiento que la hagan dirimir sus propios conflictos sin recurrir a los

jueces.

En este círculo vicioso, muchos se preguntan dónde está la puerta de salida. Jaque creyó que

el conflicto iniciado por Iglesias y no resuelto por Cobos de los sueldos de los magistrados se

solucionaba con plata. La puso y a renglón seguido le estalló el conflicto por los fondos para el

funcionamiento judicial. Que el gobernador se irá, seguramente, sin poder dirimir. Sobre todo

porque él esperó mayor lealtad judicial, en una falla de cálculo por no recordar los antecedentes,

según los cuales los jueces sólo quieren tomar en esta perinola. Su principal espada, Alejandro

Cazabán, ha salido a pelearse de frente con los supremos. Si se piensa que el propio Cazabán aspira

a suceder a Jaque en un nuevo período justicialista hay ahí un problema grave para la

institucionalidad de la provincia. Por el lado radical avanzan Iglesias, de histórica mala relación

con la Justicia, Fayad y Cornejo. Los dos últimos no tienen antecedentes en esta pelea y habría que

ver qué hacen para salir del atolladero y reordenar el juego institucional. Por ahora, para unos y

para otros la división de poderes está floja de papeles. No funciona. Los jueces se meten en la

política y los políticos se meten en la Justicia. El Ejecutivo avanza en el Legislativo y los

legisladores le quieren marcar la cancha al gobernador. En un segundo plano, Mendoza espera

paciente tener una mejor calidad institucional, donde se jueguen menos cartas a través de los

medios y se consigan mejores funcionamientos que beneficien a los mendocinos.

Parecería que es la política la que tiene que dar las soluciones. No se conocen sociedades

gobernadas por jueces, sí muchas donde los políticos no esquivan sus deberes y diseñan el sistema

para que los poderes cumplan sus papeles y el resto de los actores sociales se avengan a las reglas

del juego y se desarrollen.

La Provincia está a la expectativa.