Hay algo que jamás le perdonará una parte importante de la sociedad civil a Clarín: su comprobada complicidad, participación necesaria y relación política y de negocios con la última dictadura cívico-militar genocida. Es claro que Clarín no es el único grupo de medios con gran penetración en la Argentina, pero sí es cierto que es el que más penetra y el que más poder tiene en la instalación de agenda (temas de los cuales hablan sus medios) y, consecuentemente, en la formación de la opinión pública. Clarín ha transitado estos años de la Argentina enalteciendo valores democráticos pero su poder actual es fruto, primero que nada, de los negocios que hizo al abrigo del poder dictatorial encabezado por Jorge Rafael Videla. En eso, Clarín es exclusivo: ningún otro grupo de medios tuvo vínculos probados con la dictadura.
Negar que los medios tienen una preponderancia clara en la forma en la cual la sociedad ve las cosas de la realidad es, a esta altura, negar al sol. También es preciso señalar que las noticias no son tal hasta que a alguien se le ocurre tomar un acontecimiento de la realidad y convertirlo en noticia. O sea, los periodistas –y los medios- ‘construimos’ las noticias.
La propietaria del mayor holding de medios del país, Ernestina Herrera viuda de Noble tuvo una relación directa y personal con Videla con quien hizo enormes negocios y a quien resguardó, mientras pudo, desde las páginas de su diario. Cuando la dictadura cayó en desgracia, el grupo Clarín (bajo la tutela del empresario Héctor Magnetto) se hizo el distraído y levantó las banderas de la Democracia. Raúl Alfonsín abonó hasta el día de su muerte la teoría de que el propio diario Clarín había sido uno de los artífices del golpe corporativista del cual fue víctima su gobierno. Claro está que no fue sólo eso lo que terminó con el gobierno del radical, pero no es disparatada la especulación de Alfonsín.
Es muy impresionante lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura de la Nación en estos días. Ese cuerpo colegiado, encargado de designar a los jueces, reúne a los distintos actores que intervienen en la vida judicial del país. Hay representantes de los abogados –quienes no tienen empacho en defender intereses privados por no tener compromiso con el Estado-; representantes de los jueces –quienes muchas veces se alinean con la postura de los abogados, o sea de los privados-; representantes académicos del ámbito universitario y representantes de la política –quienes defienden, o deberían defender, los intereses del Estado-. La mayoría sobre un total de 13 consejeros, y como corresponde, la tiene la política con el ala académica pero eso puede cambiar si ‘los corporativistas’ logran cooptar o ‘quebrar’ algún representante estatal.
Oscar Aguad, representante de la política y diputado nacional por Córdoba, acompañó de la mano de los representantes corporativistas encabezados por el consejero juez Ricardo Recondo –fuentes judiciales lo sindican como un reconocido lobbista corporativo- la designación de un juez que, se intuye, fallará a favor de un poderoso grupo económico en y no a favor de una ley de la Democracia la cual todos los actores sujetos de esa norma, menos Clarín, estarían dispuestos a cumplir.
Hace un par de semanas que Clarín está acusando al Gobierno de Cristina Fernández de querer imponer al juez federal sobre quien caerá la medida cautelar que tiene al grupo empresario periodístico como protagonista y que permite que no cumpla con la ley. El juez deberá o bien ceñirse a los plazos que dispuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el cumplimiento de la ley de servicios de comunicación audiovisual o bien hacer una interpretación forzada y cumplir con el capricho de un grupo con buena llegada a muchos jueces –algunos en funciones y otros jubilados- desde tiempos, justamente, dictatoriales. Lo que no cuenta el grupo es que fue Clarín quien ganó esa partida e impuso ya a dos jueces federales que no emanaron de un concurso.
El concurso es el único mecanismo por el cual deben cubrirse las vacantes en la justicia. Eso evita lo que comúnmente se llama ‘acomodo’ o discrecionalidad. Cualquier acción en contra de esta modalidad natural en la designación de magistrados es una maniobra de algún sector para imponer a la fuerza, nada más ni nada menos, a un juez.
Más allá de su antipatía con el gobierno nacional, Aguad es el Estado y debería defender los intereses estatales procurando que sea un concurso el que cubra vacantes de jueces y no el mecanismo enredado de resucitar a un juez jubilado para que se ponga en actividad nuevamente, un resorte imposible de defender. Pero el diputado cordobés que sueña con gobernar algún día su provincia tendría un motivo por el cual se presta para la jugada de Clarín: el grupo de medios le habría prometido a cambio no ventilar la causa en la cual está procesado por haber ‘esfumado’ 60 millones de dólares cuando fue interventor de la Ciudad de Corrientes. A veces la extorsión funciona y maneja voluntades.
