La abogada de los damnificados por planes de ahorro explicó en qué estado se encuentra la causa judicial y por qué recurrió a la Corte
Adjudicatarios de planes de ahorro esperan definiciones de la Justicia.
La causa judicial iniciada por miles de adjudicatarios de planes de ahorro de 0km en Mendoza sigue en estado de incertidumbre, a pesar de un fallo favorable en primera instancia.
Son unos 15.000 los que esperan una definición de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que podría cambiar el destino de los contratos firmados bajo condiciones que los demandantes califican como “abusivas”.
Mariela González, abogada que representa a los damnificados en esta acción colectiva, explicó en diálogo con Hora libre, por radio Nihuil, que la jueza de primera instancia Fabiana Martinelli ya declaró como abusiva una cláusula que permitía a las automotrices fijar un valor móvil del auto.
Y ordenó, además, devolver un 14% del monto cobrado en demasía a los suscriptores, desde el inicio del plan de ahorro hasta 2018, fecha en la que se estableció una medida cautelar por el valor de las cuotas.
“Este fallo debía cumplirse inmediatamente, según el Código Procesal”, entendió González. Sin embargo, las automotrices apelaron, y la Cámara suspendió su ejecución hasta el 20 de febrero de este año.
Lo que sucedió entonces fue que, sin pedido de las partes, la Cámara de Apelaciones siguió prorrogando la suspensión, por lo que la parte actora recurrió a la Suprema Corte.
“La causa ahora está en la Corte. Lo que esperamos es que defina si el fallo debe cumplirse o no mientras se resuelve la cuestión de fondo”, indicó la abogada.
A diferencia de otras demandas individuales que reclaman indemnizaciones, esta acción colectiva no pide dinero ni multas, sino que la Justicia revise el mecanismo con el que las empresas fijan el valor de los autos 0km, explicó la abogada González.
“Se pudo probar que hubo sobreprecios aplicados por las automotrices”, sostuvo, y aclaró que este reclamo no se basa únicamente en la inflación, sino en la existencia de cláusulas contractuales que considera arbitrarias y cálculos que considera poco transparentes.
La causa principal que llegó a la Suprema Corte es contra la totalidad de las automotrices, menos FIAT. Solo esa acción involucra a unos 16.000 afectados.
Los actores en la acción colectiva contra FIAT, que aún no tiene sentencia de primera instancia, suman otros 15.000.
Si la Justicia rechazara la acción colectiva, quienes tienen autos adjudicados podrían enfrentar ejecuciones y remates. “Se generaría una avalancha de juicios individuales, porque ya hay pruebas periciales que demuestran la existencia de sobreprecios y la inexistencia de los grupos solidarios que justificaban las cuotas altísimas”, explicó González.
Pero la causa hoy tiene un fallo favorable de primera instancia y todavía quedan pasos por cumplir: además de la resolución de la Cámara de Apelaciones, al fondo de la cuestión le queda la Corte de Mendoza y, eventualmente, la Corte Suprema de la Nación.
Pero, explica la abogada de los damnificados, si la Corte provincial confirmase el fallo de primera instancia, las automotrices deberán cumplirlo, independientemente de si luego apelan a nivel nacional.
Mientras tanto, la incertidumbre crece entre quienes siguen pagando planes de ahorro. “Es una situación de mucha impotencia. La gente tiene el auto prendado, viejo, y no puede venderlo ni cancelarlo porque debe cifras impagables”, concluyó González.