La Cámara de Diputados aprobó este miércoles con 33 votos a favor y 10 en contra (de los bloques PJ, Frente Renovador y Fuerza Patria) el proyecto del Poder Ejecutivo que moderniza el Régimen Disciplinario de la Administración Pública Provincial. La iniciativa busca fortalecer la capacidad investigativa de los empleados de parte del Estado.
Régimen de sanciones a empleados públicos: el oficialismo impuso su mayoría para aprobar reformas
El proyecto de Alfredo Cornejo fue aprobado en Diputados. El peronismo calificó esta norma como inconstitucional. Ahora pasó a Senadores

El Estado apunta a modernizar el régimen de sanciones en la Administración Pública.
Foto: archivoAgilizar los procedimientos, incorporar herramientas tecnológicas e institucionalizar el control de presentismo es lo que argumentó el Ejecutivo al presentar esta propuesta que ahora deberá ser considerada en la Cámara de Senadores para obtener la sanción definitiva.
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En este caso el oficialismo impuso su mayoría. El bloque del peronismo y el de Fuerza Patria se opusieron firmemente a la medida y la calificaron de inconstitucional, advirtiendo sobre las implicancias de su implementación. También la rechazó el Frente Renovador Mendoza Línea Nacional, a través de su única representante, Gabriela Lizana.
Debate y posiciones sobre el régimen de sanciones
La diputada Beatriz Martínez (UCR) explicó que la iniciativa cuenta con 56 artículos divididos en 4 títulos y busca un régimen "más ágil, eficiente y eficaz" que fortalezca la capacidad investigativa del Estado. Destacó el uso de herramientas tecnológicas, notificaciones electrónicas y la creación de la figura del responsable de presentismo en cada jurisdicción.
Franco Ambrosini (UCR) defendió la constitucionalidad de la norma, señalando que "no se persiguen personas, se persiguen conductas para preservar a los trabajadores públicos que se esfuerzan".
Cintia Gómez (PRO) respaldó la propuesta apuntando a "un Estado eficiente que dé respuestas".
Por el lado de la oposición, Lucas Ilardo (FP) adelantó el voto negativo criticando que la norma no se debatió en paritarias con los trabajadores y consideró que la figura del preceptor de presentismo representa una "burocratización antiquísima" en plena era digital.
Germán Gómez (PJ) rechazó la ley calificándola de "inconstitucional y un retroceso", argumentando que vulnera la imparcialidad al combinar la instrucción y la condena en un mismo proceso, infringiendo los principios del debido proceso y la seguridad jurídica.
Puntos centrales de la ley
- Oficina General de Sumarios: independencia técnica, objetividad e imparcialidad, con facultad para iniciar investigaciones de oficio y recibir alertas tempranas de Recursos Humanos.
- Competencias: descentralización de faltas menores para ser resueltas por las reparticiones de origen y concentración de los casos complejos en el órgano especializado.
- Procedimientos digitalizados: uso de la plataforma Mendoza por Mí (MxM), citaciones por mensajería instantánea y audiencias virtuales.
- Sencillez y plazos: mecanismos alternativos de conclusión y esquemas de sanciones que van desde apercibimientos hasta cesantía y exoneración.
En pocas palabras
- Reforma aprobada: Diputados dio media sanción al proyecto oficialista para modernizar el Régimen Disciplinario de la Administración Pública Provincial.
- Argumentos opositores: el peronismo y otros bloques calificaron la norma de inconstitucional y advirtieron sobre posibles retrocesos.
- Objetivos de la ley: agilizar procedimientos, incorporar tecnología y fortalecer la capacidad investigatoria del Estado.