Disputa en Potrerillos

Perilago de Potrerillos: la adjudicación reflotó una ocupación ilegal, acusaciones cruzadas y un juicio por $250 millones

Suarez ya dio instrucciones para iniciar acciones legales para recuperar el terreno que hoy es ocupado por quienes fueron expropiados en el 97 y que forma parte de la zona adjudicada a Potrerillos Resort para la refuncionalización del perilago

El gobernador Rodolfo Suarez ordenó a su equipo legal iniciar acciones legales contra los ocupantes de una porción del terreno del perilago de Potrerillos aledaña al club de windsurf que quedó dentro de lo adjudicado a la empresa Potrerillos Resort S.A.

Esta decisión del Gobierno sacó a flote una relación tirante de idas y vueltas con los denunciados, socios de Lo Bianco S.A., cuyas tierras fueran expropiadas en 1997 para la construcción del dique.

La ocupación, que es reconocida por las partes, se da en una parte del terreno expropiado sobre el que pesa un juicio que data de 1998.

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Esa demanda contra el Estado, que no fue por la expropiación en sí sino por el monto de la indemnización, finalmente obtuvo sentencia el pasado 29 de noviembre.

En la misma, la jueza Graciela Simón condenó a Mendoza a pagar $254.037.802, de los cuales el 50% corresponde a Lo Bianco S.A., pero el Gobierno apeló la decisión del Tribunal de Gestión Judicial Asociada Nº1.

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El Gobierno de Mendoza pelea por la desocupación de un sector de la zona que fue adjudicada a Potrerillos Resort para el desarrollo del perilago (foto ilustrativa).

El Gobierno de Mendoza pelea por la desocupación de un sector de la zona que fue adjudicada a Potrerillos Resort para el desarrollo del perilago (foto ilustrativa).

Entre tanto, transita por vía administrativa desde hace año y medio la desafectación de otra porción del terreno que está sujeta a utilidad pública pero sin expropiación y que es propiedad de los ahora denunciados como ocupantes.

La explosión de un conflicto que se podría haber solucionado en buenos términos

Que la ocupación es ilegal como dice la secretaría de Ambiente no está en discusión. Los ocupantes lo reconocen y, según dijeron a Diario UNO, solo piden "dignidad".

Que tendrán que despejar la zona donde Potrerillos Resort ya tiene proyectadas mejoras es otra verdad. El reclamo pasa por el cómo.

Y es que esos mismos ocupantes son quienes fueron expropiados en 1997 y tienen sentencia -no firme- a favor por unos $250 millones de indemnización; y son quienes a su vez son propietarios de inmuebles adyacentes que fueron declarados de utilidad pública sujeta a expropiación durante el gobierno de Roberto Iglesias.

Desde entonces (año 2000), no se materializó la expropiación ni tampoco se proyectó una iniciativa sobre aquellos inmuebles, pero tampoco fueron desafectados de utilidad pública por lo que para los propietarios quedaron durante más de 20 años "paralizados".

Aducen ellos en diálogo con Diario UNO que edificar o vender terrenos sujetos a expropiación no solo era un riesgo sino también una pérdida de dinero dado que podrían ser solicitados por el Estado en cualquier momento.

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Y es por ello que hace más de un año comenzaron las negociaciones en buenos términos con el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, y la coordinadora de tierras fiscales de la Provincia, Nadia Rapali, con el fin de que se esos inmuebles ubicados en el campo El Jarillal fueran desafectados de utilidad pública.

Todo parecía marchar bien hasta que las conversaciones se frenaron y en medio del proceso, se adjudicó el proyecto integral de desarrollo del perilago de Potrerillos y llegó a la zona de ocupación una cédula de notificación administrativa.

En ella, fechada el 27 de julio de este 2022 (semana y media después de la adjudicación), la secretaría de Ambiente emplazaba a los ocupantes localizados en el perilago sur a que en 10 días hábiles retiraran todos los bienes del lugar.

Esos bienes no son más que casillas rodantes, ómnibus y módulos habitacionales en los que vive uno de los socios de Lo Bianco S.A.

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El círculo verde indica el lugar en el que están ubicados los bienes que la Provincia exige que sean retirados. La zona naranja es la adjudicada a la empresa Potrerillos Resort S.A.

El círculo verde indica el lugar en el que están ubicados los bienes que la Provincia exige que sean retirados. La zona naranja es la adjudicada a la empresa Potrerillos Resort S.A.

La notificación fue una sorpresa para los ocupantes que respondieron, primero con un rechazo de la misma por considerarla "antijurídica, arbitraria, inválida e inexistente"; y meses más tarde con un recurso de revocatoria del acto ante la insistencia de la secretaría de Ambiente que mediante la resolución Nº 480/22 le pidió al gobernador que ordenara iniciar acciones legales.

"Podemos retirar los bienes y mudarlos unos metros hacia el terreno que es de nuestra propiedad -y sobre el que se pide la desafectación- pero no tenemos dinero para hacerlo", explicaron en un encuentro con Diario UNO.

Lo que piden -dicen- es la colaboración del Gobierno como un gesto de buena voluntad entre tanta discusión administrativa y judicial que los tiene entrelazados desde hace años.

Por un lado que se ayude al traslado de los bienes y, por otro, que se termine el trámite administrativo para la desafectación de utilidad pública del otro inmueble, como se prometió.

El decreto que acabó con el diálogo

El 6 de diciembre último, con el decreto Nº 2.323, el gobernador ordenó al Asesor de Gobierno y/o a abogados auxiliares de esa Asesoría que interponga acción de reivindicación o la acción que mejor se adecue en defensa del derecho de dominio que ostenta la Provincia para recuperar la plena disposición del inmueble.

Ese decretó se publicó sin dar curso al recurso de revocatoria presentado por los ocupantes en octubre y después de que, mediante una inspección ocular, se comprobara que efectivamente no habían movido los bienes.

"En especial consideración de la resistencia de los ocupantes a retirar los objetos del inmueble del dominio público del Estado, se considera oportuno y apropiado denunciar la situación ante el Ministerio Público Fiscal", expresó el gobernador en los considerandos del decreto.

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La denuncia por ocupación ilegal en el perilago de Potrerillos sacó a la luz conflictos de hace años entre privados y el Estado.

La denuncia por ocupación ilegal en el perilago de Potrerillos sacó a la luz conflictos de hace años entre privados y el Estado.

Tres asuntos inconclusos, mismos protagonistas

Además de la referida denuncia por ocupación ilegal, corren los otros dos procesos por ahora sin solución, uno en la Justicia y otro por vía administrativa:

La actualización de la indemnización por los terrenos expropiados en 1997

La sentencia del 29 de noviembre por la demanda por expropiación inversa condena a la Provincia de Mendoza a pagar en 10 días $254.037.802 a Ramón J.C. Lo Bianco S.A. y Cobec S.A., "correspondiendo el 50% de dicho monto a cada una de las actoras, fijada a la fecha de esta sentencia, en concepto de justo precio por el valor del terreno y los áridos oportunamente expropiados, más los intereses que correspondan hasta su efectivo pago".

"El Gobierno debería realizar los actos útiles y pertinentes para posibilitar el pago de lo debido", dicen desde Lo Bianco, aunque la sentencia fue apelada por lo que seguirá su curso en la Justicia.

Desafectación de utilidad pública de terrenos aledaños

Mediante el expediente Nº: EX-2021-02696678-GDEMZA-MGTYJ, el 6 de mayo de 2021 se solicitó la desafectación de inmuebles sujetos a declaración de utilidad pública sobre los cuales nunca procedió la expropiación ni fueron objeto de un proyecto de interés.

El expediente siguió su curso hasta septiembre del año pasado y desde entonces permaneció inmóvil por un año. Según el informe digital se encuentra desde el 15 de septiembre a cargo de Rapali.

Los propietarios aseguraron a Diario UNO que durante todo ese proceso mantuvieron conversaciones con Humberto Mingorance y que "en breve" se procedería a dictar el acto administrativo necesario para tal fin.

Sin embargo, según declaran los socios de Lo Bianco en el recurso presentado, dos días después de la notificación para la desocupación del otro inmueble en cuestión, en una nueva reunión con el secretario de Ambiente, el funcionario "pretendió condicionar el derecho a la desafectación de los terrenos de nuestra propiedad a la desocupación pretendida".

Y el esperado decreto de desafectación nunca llegó.

Sí se publicó otro, este 14 de diciembre, favoreciendo con ese mismo derecho a propietarios de la costa norte que iniciaron su trámite también en 2021.