La licitación busca resolver la saturación de las playas, donde en las últimas cinco décadas se han acumulado automóviles que exceden la capacidad de almacenamiento.
El proceso de contratación será por un período de 10 años y tendrá un costo total estimado en $13.260 millones.
Esta situación no solo afecta la gestión eficiente de los espacios, sino que también implica un gran costo económico para el Ministerio de Seguridad y Justicia, que destina $1.700 millones anuales solo en el recurso humano necesario para custodiar los predios.
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El decreto establece que el servicio contratado incluirá la descontaminación de vehículos y la administración de las playas, lo que permitirá liberar recursos que actualmente están siendo empleados en la vigilancia de estos lugares. Además, se espera que el proceso de gestión contribuya a un mejor manejo de los espacios y una reducción de los costos operativos que enfrenta la provincia.
La ministra de Seguridad destacó avances en la descontaminación
La ministra de Seguridad de la provincia, Mercedes Rus, destacó este lunes los trabajos que se vienen haciendo en las playas de secuestro de vehículos; en especial las tareas en la Playa San Agustín, que está enclavada en una zona con gran presencia de población.
"La idea es que en el primer trimestre del año que viene esto esté terminado", anticipó Rus con relación a esa zona, sobre la que ya se planean algunas reformas urbanísticas.
También destacó que se han erradicado de las comisarías muchos rodados que estaban ahí desde hace mucho. "Hemos erradicado de 13 comisarías cerca de 659 vehículos que estaban allí, en la vía pública", precisó.
Más allá de lo anterior, Rus recalcó que el anuncio del día tiene que ver con "una solución integral final de fondo a este problema de los secuestros de vehículos", lo que permitirá "desocupar a más de 100 policías que nosotros hoy estamos destinando a la custodia de estos vehículos, tanto en las comisarías como en cada una de las playas que tenemos".
Y desarrolló: "Por eso ustedes habrán visto en el Boletín Oficial un llamado a licitación justamente para encargar que un privado se haga cargo de todo lo que tiene que ver con esta gestión de vehículos. Estamos hablando de las infracciones más graves de la Ley de Tránsito, obviamente el tema de las alcoholemias graves, infracciones graves, que son las que requieren la retención, que no son la mayoría, son las mínimas".
El privado que se haga cargo también tendrá que prever la disposición final de los vehículos. "Es decir, que rápidamente se pueda compactar o se pueda subastar esos bienes cuando no hay un tercero que lo reclame y cuando no sea procedente la restitución".
Rus resaltó que hace poco se modificó la Ley de Tránsito, y se agilizaron los plazos para disponer de los rodados.
"Esta licitación -agregó la ministra- prevé la posibilidad de hacer convenios con los municipios y también con el Ministerio Público Fiscal y la Justicia en relación, por ejemplo, a los secuestros judiciales".