Las entidades que nuclean a las inmobiliarias a nivel nacional -a través de cámaras y organismos colegiados- están exigiendo al Congreso de la Nación que deroge la Ley de Alquileres. La norma tiene tres años en vigencia y desde hace más de un año y medio todas las fuerzas políticas coinciden en la necesidad de cambiarla; pero a la hora de concretar, nada se ha avanzado.
El dolor de cabeza de alquilar
Inmobiliarias de Mendoza se suman al reclamo nacional para que el Congreso derogue la Ley de Alquileres
La confederación que reúne a todos los colegios inmobiliarios del país pide que se derogue de manera urgente la Ley de Alquileres. Pese a que todos coinciden en sus deficiencias, no se avanza
Inmobiliarias de Mendoza se suman al reclamo nacional para que el Congreso derogue la Ley de Alquileres.
En el medio, el mercado de los alquileres, desvirtuado por una alta demanda y precios desmedidos, se ha convertido en un dolor de cabeza. Tanto propietarios como inquilinos e inmobiliarias coinciden en que la ley perjudica a todos por igual.
Algunos solicitan al menos la modificación de dos artículos polémicos: que los contratos vuelvan a durar dos años en vez de tres y que los ajustes sean por libre acuerdo entre las partes y con ajustes semestrales, cuatrimestrales o trimestrales al menos hasta que la inflación logre reducirse de manera contundente. Piden además que la norma se trate en el Congreso en pocos días.
La última promesa fue realizar una sesión especial en Diputados para el 23 de agosto, luego de las elecciones PASO nacionales del 13 de agosto. A ese acuerdo llegaron la semana pasada cuando la Cámara de Diputados se reunió luego de tres meses sin sesionar, en un año marcado por la campaña electoral.
No obstante, el Colegio Federal de Colegios Inmobiliarios envió un pedido a la Cámara de Diputados de la Nación pidiendo el tratamiento urgente.
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Pedido local
Desde el Colegio de Corredores Públicos e Inmobiliarios de Mendoza también se sumaron al pedido que elevó el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios.
El presidente de la entidad, Eduardo Rosta, sostuvo: "Estamos apoyando esta idea de que se reduzca el plazo mínimo legal a dos años y que la indexación pueda ser pactada entre las partes. No hay problema con que siga siendo el Índice para Contratos de Locación (ICL), el mismo índice que se utiliza actualmente, pero que el escalonamiento pueda ser pactado entre las partes".
El Índice para Contratos de Locación tiene en cuenta en partes iguales las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de la Remuneración Imponible Promedio de Los Trabajadores Estables (RIPTE).
"Han pasado tres años desde la implementación de la ley y lo que nos estamos encontrando es que los propietarios no quieren realizar contratos nuevos por tres años. Y en cierta forma la ley los avala porque habiendo transcurrido tres años de la sanción de la ley, el plazo mínimo ya se cumplió con lo cual se están pudiendo hacer estas prórrogas dentro del marco de la ley. Esto les posibilita tanto a propietarios como a los inquilinos negociar valores más razonables porque se minimiza la incertidumbre con respecto a cuál va a ser la indexación, pero termina siendo sumamente engorroso porque cada seis meses o cada año hay que estar renovando y realizando contratos nuevos", explicó Rosta.
Todo frenado hasta el 23 de agosto
Otra de las situaciones que se está dando -refirió Rosta- es que a partir de ese intento de tratamiento de la ley que se dio en el Congreso la semana pasada y con esta postulación para tratarlo el 23 de agosto, se genera un freno porque los propietarios pretenden esperar hasta que se dé el tratamiento de la ley para realizar nuevos contratos, con lo cual se vuelve a generar un parate en el mercado y seguimos transitando un territorio de incertidumbres permanentes, se lamentó el presidente.
"Nosotros consideramos que la ley tiene muchos puntos favorables para el inquilino y que realmente sería sumamente importante que se modificaran estos dos puntos para reducir un poco la incertidumbre de los propietarios y que vuelvan a volcar al mercado locativo esas propiedades que actualmente siguen en venta", recalcó.
Hay otro artículo de la ley, el 17, que hablaba de la creación de un programa nacional de alquileres sociales y que en la práctica no se cumple. "Hace falta que se le dé el empuje que tiene que tener ese programa y que favorezca a quienes realmente hoy le están pasando muy mal que son los sectores más bajos", refirió.
El anuncio de derogar la ley que hizo el Gobierno
Meses atrás fue el propio Gobierno nacional el que generó desconcierto cuando dejó trascender que derogaría la Ley de Alquileres por entender que producía distorsiones en el mercado. Pero tras el anuncio nunca se produjo dicha derogación generando más incertidumbre aún entre propietarios e inquilinos. El resultado de eso es que hay alta de demanda de alquileres, pocas propiedades que se ofrecen para arrendar y cánones que se mueven al ritmo de la inflación. Un combo complicado de enfrentar.
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