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Les quitaron los fueros a tres magistradas del Valle de Uco que son investigadas por irregularidades

Catherina Gibilarocgibilaro@diariouno.net.ar

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El Jury de Enjuiciamiento de Magistrados les quitó ayer los fueros a las juezas del Valle de Uco que fueron acusadas por autorizar adopciones de manera irregular. Se trata de Susana Barrigón, María Lizán y Adriana Rodríguez

quienes ya estaba suspendidas por el propio Jury desde setiembre del año pasado.

Las tres titulares de los juzgados de familia del Valle de Uco son investigadas por la presunta comisión de los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, supresión de identidad de menores de 10 años, adulteración de documentos públicos y prevaricato”.

Ayer, juntamente con un fallo de la Cámara de Apelaciones, el Jury aprobó el desafuero.

Además, a las tres magistradas se las está investigando penalmente a pedido de la propia Suprema Corte de Justicia de la provincia, que quiere determinar si incurrieron en algún delito en la gestión de adopciones de menores de edad. Esto es independiente de que el Jury prosiga su curso natural.

Graves sospechas

Las tres magistradas que están en la lupa de la Justicia cayeron a raíz de investigaciones que comenzaron en los años 2009 y 2010 porpresuntas adopciones irregulares.

Se trata del caso de dos niños que habrían sido entregados por la Justicia de familia de manera ilegal a familias que se radicaron a tal fin en Tunuyán y que son oriundas de Buenos Aires.

Hay que explicar un detalle no menor: la Justicia de familia del Valle de Uco no tiene facultades para entregar niños en adopción y solamente el trámite correspondiente puede hacerse a través de los tribunales de Mendoza.

Dentro de las irregularidades detectadas a lo largo del Jury como también de la investigación penal, iniciada por el fiscal de cámara Javier Pascua, el juez de Tunuyán Oscar Balmes y el abogado Edgardo Valles –es el querellante de la madre de dos nenas de 2 y 6 años de San Carlos que fueron adoptadas irregularmente por un matrimonio porteño–, no es legal la entrega de un menor a una familia que no resida en Mendoza sin cumplir los requisitos exigidos para ello.