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Un delito muy común
Hace una semana el Gobierno de Mendoza junto a ONGs proteccionistas de animales destruyeron miles de jaulas y tramperos acumulados desde julio de 2022 tras las sucesivas incautaciones en todo el territorio provincial.
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También, la semana pasada, se realizó una charla explicativa sobre conservación de las aves autóctonas y se liberaron ejemplares de jilgueros y siete cuchillos rescatados en los últimos procedimientos de tráfico y comercio ilegal. Se trata de pájaros de especies nativas que, luego de ser recuperados y rehabilitados, podrán reintegrarse a su hábitat nuevamente.
Durante los procedimientos por violación a la Ley de Fauna que se despliegan en toda la provincia -se detectan en la mayoría de los casos por denuncias de la ciudadanía- participan la Subsecretaría de Ambiente –a través del departamento de Fauna–, la Policía Rural, el Cuerpo de Investigaciones del Ministerio de Seguridad, el Iscamen y Gendarmería Nacional, entre otros organismos.
Mendoza es una de las pocas provincias que cuenta con legislación (el decreto reglamentario 1.890) que prohíbe no sólo el uso, la tenencia y la fabricación de implementos y sustancias para captura de fauna, sino que también prohíbe la comercialización.