Si hasta las reinas vendimiales estaban en contra de la minería
¿Por qué fracasó la ley que iba a reabrir la minería en Mendoza? ¿Por qué nos negamos a una actividad con sueldos mínimos de $100.000? ¿Hay chances de que la sociedad revea ahora su aval?
El gobernador Suarez atribuyó el fracaso de la legislación minera a una campaña de mentiras y lamentó todos los puestos de trabajo que se están perdiendo a causa de "bolazos".
"La gente no tiene confianza en los controles del Estado". La frase, dicha en estos días por el propio gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, es reveladora porque marca claramente una defección o, si se quiere, un fracaso de la política en su conjunto.
Suarez cree que esa desconfianza ciudadana fue uno de los motivos por los cuales el año pasado, cuando él estaba recién asumido, no prendió la Ley 9209 que reabrió en la provincia la minería con controles especiales, pero que a los pocos días de ser aprobada por el oficialismo radical y el peronismo opositor, tuvo que ser derogada, por una rebelión ambientalista y de otros sectores militantes, lo que obligó a volver a poner en vigencia la Ley antiminera 7722.
Si la gente, como dice Suarez, sospechaba de la efectividad de los entes de control del propio Estado, era difícil que fueran a depositar confianza en, digamos, la policía minera, que era una de las novedades que fijaba la ley que duró un suspiro. Es que si bien la vuelta de la minería metalífera estaba dentro del programa con el que Suarez ganó, no había sido explicada con la misma vehemencia con que los ambientalistas extremos habían impuesto sus consignas durante varios años.
En vos (no) confío
Al cumplir su primer año de gobierno, Suarez admitió que hace un año la ciudadanía no terminó de aceptar que ésta vez la minería se iba a realizar cumpliendo todos los controles y cuidados del ambiente que rigen en otros países avanzados donde conviven la extracción de riquezas minerales con el respeto por el agua.
El discurso ambientalista más ultra, con epicentro en comunas como San Carlos y General Alvear, había prendido en ámbitos estudiantiles, gremiales, intelectuales. En tanto, la política tradicional creyó que la unión circunstancial de radicales y peronistas iba a bastar para derogar la ley antiminera y suplantarla por otra más moderna que permitiera generar riqueza y empleos.
"Nos equivocamos, hubo fallas, tuvimos enfrente un discurso ambientalista lleno de mentiras y falsedades que llevaron a muchos a creer que si se permitía la minería iba a salir cianuro por las canillas. Todos bolazos", recordó con contenida bronca el mandatario, quien cree que se debe volver a dar el debate porque, insiste, con minería debidamente controlada Mendoza va a generar un cambio importantísimo.
Los argumentos anti minería estaban instalados a base de eslóganes efectistas y alarmistas de escaso o nulo basamento científico. Recordemos que la ley antiminera 7722 fue aprobada durante la gobernación de Julio Cobos.
Sea como fuere, lo de Suarez cediendo ante los ambientalistas fue una reculada histórica. El gobernador optó por mantener la paz social cuando "olió" que la ciudadanía ajena a los ultras no le devolvía el aval social para la apertura minera. Este asunto no había sido explicado con un real convencimiento ni con los debidos razonamientos técnicos.
Pasito pa' tras
El oficialismo radical, que había triunfado con el 51% de los votos, más el apoyo de la oposición peronista sumaban casi el 90% de los votos. El peronismo acataba el libreto de Alberto Fernández que compartía la necesidad de aprovechar las riquezas de la tierra. Pero nada de eso sirvió. Ni siquiera el mandato constitucional que fija que "El pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes".
Es que tras aprobar la 9209 y al ver que las calles se llenaban de manifestantes, los peronistas que creen con fruición en la ley de la calle, metieron violín en bolsa y no hicieron ni mención de salvar la norma. Yo no fui. Pero tampoco el oficialismo dio batalla. No es el momento, dijeron. Era tarde para convencer de apuro.
"La minería hubiera abierto un cambio importantísimo", se lamentó Suarez al añorar todos los puestos de trabajo que estaría dando ese sector, con salarios mínimos de $100.000, y moviendo además muchos rubros colaterales.
Una clara señal que no se supo leer cuando se modificó la ley minera fue que hasta las reinas de la Vendimia de todos estos años estaban aleccionadas con el discurso propio de la militancia del ambientalismo, ese espiche que Suarez asegura que estaba lleno de bolazos.
