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Polémica federal

Donald Trump enfrenta demanda por presionar a estados para entregar datos de beneficiarios de alimentos

Coalición de 22 estados demanda a Trump por exigir datos privados de beneficiarios de cupones de alimentos. Temen persecución a inmigrantes

Por UNO
Una persona haciendo compras en un supermercado

Una persona haciendo compras en un supermercado, en Austin, Texas en Estados Unidos. Crédito: EFE/EPA/ Adam Davis.

Una coalición de 22 fiscales generales presentó una demanda contra la administración de Donald Trump por exigir a los estados información personal de millones de personas que reciben asistencia del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido como cupones para alimentos.

Según informa EFE, la demanda fue presentada en California, liderada por el fiscal Rob Bonta, junto a sus pares Letitia James de Nueva York y Dana Nessel de Michigan. Según explicaron, el gobierno federal exige datos como nombres, fechas de nacimiento, números de seguro social y domicilios de los solicitantes de los últimos cinco años.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Crédito: EFE/EPA/ Tolga Akmen.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Crédito: EFE/EPA/ Tolga Akmen.

Estados acusan a Trump de usar datos de alimentos como arma política

Los fiscales aseguran que esta iniciativa no tiene precedentes y viola leyes de privacidad tanto estatales como federales. “Esta no es una medida para prevenir fraude. El programa SNAP ya tiene sistemas de control robustos”, dijo Bonta. “Se trata de utilizar datos gubernamentales para intimidar a poblaciones vulnerables”.

El Departamento de Agricultura, que administra el programa, dio plazo hasta el 30 de julio para que los estados entreguen la información. De no hacerlo, advirtió posibles sanciones y recortes de fondos.

La fiscal Letitia James señaló que solo en Nueva York, casi tres millones de personas dependen del SNAP, muchas de ellas familias con niños o adultos mayores.

22 estados se unen contra la medida

La demanda fue presentada por una amplia coalición que incluye a estados como California, Nueva York, Michigan, Arizona, Colorado, Illinois, Massachusetts, Oregón y más.

Todos expresaron preocupación por el impacto que esta medida tendría en la confianza pública y el acceso a un programa vital. Los demandantes argumentan que esta medida busca intimidar a comunidades inmigrantes.

“Este programa ha salvado vidas. No se puede usar como herramienta de persecución”, declaró James. Los fiscales temen que la política de Donald Trump disuada a personas necesitadas de solicitar ayuda por temor a ser vigiladas o perseguidas.

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