Quienes sufran violencia física o psicológica tendrán una oficina para ser atendidos en forma gratuita por abogados. La semana pasada la Legislatura de Mendoza aprobó la ley que obliga al Estado a crear esta dependencia.

Un paso clave para auxiliar a las mujeres víctimas de violencia

Por UNO

Por Paola Piquer

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@paolapiquer

Mendoza acaba de dar un paso clave, trascendental, que pasó casi desapercibido para el conjunto de la ciudadanía y también para los medios de comunicación.

Por esto y porque no coincido con el viejo lema que se abona en las redacciones de que las buenas noticias no son noticias, es que quiero poner en valor lo siguiente: la semana pasada, en cumplimiento de tratados y normativas nacionales e internacionales que instan a la “protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, la Legislatura convirtió en ley un proyecto que obliga al Estado provincial a crear el cuerpo de patrocinio jurídico gratuito para todas aquellas personas que padezcan violencia de género.

La autora de la norma, Sonia Carmona (Frente para la Victoria), consiguió así poner fin a un vacío legal inexplicable que se daba en estas circunstancias: las víctimas, de querer avanzar con un proceso judicial, debían pagarse su propio abogado. En cambio, los victimarios gozaban de asesoramiento sin cargo.

Con la herramienta en mano, ahora el peso recae en la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social, organismo del que dependerá la futura oficina que deberán integrar abogados especializados en la problemática.

Los funcionarios del área confirmaron, ayer, que ya han estado discutiendo cómo materializar la ley, analizando dónde podría funcionar la dependencia, e imaginando cómo se logrará conformar el equipo de profesionales, porque existe la posibilidad de que se contraten nuevos o se manden a llamar desde otras dependencias.

Se están ocupando, lo que es mucho.

En los países avanzados, la atención jurídica es una de las patas fuertes del abordaje del problema. Pero el combo se completa con atención psicológica y atención social.

Es que para terminar con las situaciones de violencia, física y/o psicológica, las mujeres deben cortar lazos con personas de las que dependen, tanto en lo emocional como en lo económico. Al igual que sus hijos. Y no alcanza con que un abogado marque el rumbo procesal.

Para salir airosas en serio de la tempestad, también les hace falta una casa donde vivir, un trabajo estable o un subsidio para solventar los gastos personales y el de los menores del entorno, y herramientas que las ayuden a superar depresiones, sentimientos de culpa. Rearmar su autoestima.

En esta misma columna, además, he sugerido un par de veces que el Estado debería contar con una dependencia única de asesoramiento, de manera que las mujeres maltratadas no tengan que andar boyando entre la diversidad de entidades públicas y ONG que se dedican al tema.

Pero para no caer en lo que critiqué al inicio de esta columna (privilegiar el aspecto negativo de la realidad) freno y celebro: Mendoza ya cuenta con el patrocinio gratis para las víctimas de violencia.

Resta esperar que se avance rápido y que el objetivo no se diluya en el mar de la burocracia o de la incapacidad política, tanto del oficialismo como de la oposición, que aún no han logrado aprobar el Presupuesto 2014.