Suspendieron una exploración minera en Villavicencio por riesgo de contaminación

La jueza Alejandra Orbelli respondió favorablemente a un amparo interpuesto por Danone en

2006 por entender que la minera incumplió con requisitos básicos para establecerse en el lugar, ya

que antes de hacerlo debió solicitar a la Provincia el derecho de servidumbre (permiso para

transitar por la mina) y pagar una indemnización a Danone por la posibilidad de producir algún daño

ambiental mientras hacía su búsqueda de oro y cobre.

De este modo, Orbelli establece un importante precedente judicial, porque utiliza como

argumento de la suspensión el principio precautorio, es decir que pide una reparación económica

antes de que algún daño haya sido producido, justo cuando el Gobierno tiene tres proyectos para

autorizar: San Jorge, Huemul y Potasio Río Colorado.

Por el momento, la empresa suspendida ha dicho, mediante un comunicado, que apelará la medida

"por violar el derecho de defensa en juicio, ya que la magistrada no tuvo en cuenta antes de

sentenciar el estado actual de los expedientes administrativos para ver los avances en conseguir

los permisos".

Además, en otro tramo del comunicado, Depromin SA desmiente que no haya ofrecido la fianza a

Danone o que incumpliera con algún procedimiento para obtener los permisos correspondientes.

La posición del Gobierno

Desde la Subsecretaría de Hidrocarburos, Minería y Energía, a cargo de Walter Vázquez,

afirman todo lo contrario.

Según el funcionario, para que una empresa minera pueda trabajar debe solicitar el derecho

minero y la servidumbre.

"El derecho a la mina y las servidumbres son complementarios, no distintos. La servidumbre da

lugar a pasar, a ocupar la mina".

Esto es así porque el dueño de la pertenencia minera (Depromin SA )tienen una prerrogativa

sobre el dueño de la superficie (Danone) para transitar en la mina, pero debe pedirlo, porque el

dueño del terreno tiene derecho a que se lo indemnice por ese uso".

Y Depromin tiene dos formas de solicitar la servidumbre, a través del artículo 146 del Código

Minero, que establece pasos ordinarios, o acudir al 153 de mismo código, establecer la fianza por

los posibles daños de forma transitoria hasta que se dicte el permiso definitivo, esto es lo que no

hizo la minera porque no sé cómo interpretó la ley argentina."

De todos modos, Vázquez aclaró que la minera cuando comenzó sus operaciones obtuvo un

dictamen ambiental favorable y realizó todos los trámites de acuerdo con el decreto 820, que regía

en ese momento.

Es decir, "no empezó como algo ilegal, lo que ocurre es que la Justicia le probó que debe

continuar sus tareas de acuerdo con la ley 7.722/08, que fue sancionada después de iniciado el

conflicto, con lo cual le da lugar al Código Minero y a la ley que ahora está vigente".

Agregó además, que la exploración no implica la utilización de ninguna sustancia tóxica, "lo

único que hacen es hacer perforaciones para extraer muestras de tierra y de este modo calcular la

concentración de metal en ese sitio".

Sin embargo, para Danone este es un punto discutible, porque esas perforaciones podrían

arruinar la sanidad de los acuíferos subterráneos que alimentan las aguas de Villavicencio.

En Villavicencio sigue la lucha

Martín Deferraris, director de Calidad y Ambiente de Aguas Danone Argentina, indicó que

cuando ellos completen todos los pasos necesarios para hacer la exploración, nosotros no podemos

impedir que se realice, pero en cuanto al estudio de impacto ambiental vamos a solicitar que se

profundice porque en el primer estudio de impacto ambiental que ellos presentaron para hacer la

búsqueda de metales no fue tenido en cuenta el tema del agua, sólo incluyeron la flora y la fauna

para evaluar las consecuencias. Sin embargo, este punto es fundamental porque si contaminan un

acuífero no hay plata que pueda pagar el daño".

Causa de la acción judicial

Deferraris recordó que oportunamente, en 2006, mientras los guardaparques de la reserva

natural de 72 hectáreas que Danone tiene en Villavicencio recorrían el lugar, se encontraron con

técnicos de la empresa haciendo una inyección de agua en un pozo de gran profundidad sin haber

solicitado permiso a la empresa de aguas.

Por eso se presentó una medida cautelar que determinó el cese de actividades de la minera y

esa medida fue confirmada con el fallo de la jueza civilista Alejandra Orbelli.

Además, Deferraris informó que en sede administrativa la minera ha seguido presentando sus

solicitudes de exploración, pero hasta el momento "no tenemos ninguna noticia de que haya sido

autorizada en esa instancia".