Por Javier [email protected]
Un grupo de vecinos del asentamiento La Quebrada, de Godoy Cruz, reclamaron a la Dirección de Vivienda de esa Municipalidad por “irregularidades en el otorgamiento de casas levantadas por el IPV”. Las mismas están construidas entre las calles Martín Coronado y Rioja y listas para ser entregadas en octubre.
Según el relato de los denunciantes, fueron adjudicadas 50 casas y 30 familias quedaron afuera. Asimismo dicen que entre los beneficiados hay punteros radicales y familiares de la presidenta de la Unión Vecinal 13 de Abril.
“No ha habido un mecanismo claro de selección. Queremos que se confeccione una lista en base a un sorteo previo”, dijo Johana Villanueva (24) una de las vecinas.
Ante esta situación el edil Mariano Maure (FPV) se presentó a la Fiscalía de Estado para pedir la investigación correspondiente al listado de beneficiarios. El 3 de setiembre envió una nota al fiscal Javier Fernández en la que explica la situación.
Maure contó que habló con el ex director de Vivienda, Néstor Majul. “Este señor es el que aceptó la lista original del barrio, ahora dirige esa dirección Damián Salomone”, quien cree que están implicados como cómplices no sólo estos dos funcionarios sino también el área social de Vivienda.
El edil expresó que el problema surge de la forma en la que se decidió el otorgamiento. “Lo que exige la ley y el IPV respecto a la repartición de casas es un mecanismo de selección que tenga la conformidad explícita de los que puedan llegar a quedar afuera. Se puede usar cualquier criterio. En este caso esto no se cumplió. Se entregó una lista escrita a mano sin ningún tipo de explicación”, dijo.
El concejal también detalló que cuando investigaron la lista descubrieron otras falencias graves. Se repiten apellidos y familias. “Nosotros averiguando supimos que el marido de la presidenta de la unión vecinal está contratado por la Comuna. En este sentido está probada la relación de esta mujer con la política. Además pudimos descubrir que había mucha gente que está en el listado que no vive en el asentamiento”, remató.
La Comuna y el IPVEl secretario de Gobierno del Municipio, Humberto Mingorance, explicó que en el proceso de erradicación de este asentamiento el IPV se comprometió a realizar 80 viviendas pero consiguió el terreno sólo para construir 50. “Las 30 viviendas restantes serán levantadas más adelante. Esto significa que antes o después ninguna de las familias censadas se quedará sin techo”, destacó.
Sobre este aspecto Omar Parisi, titular del IPV, realizó algunas aclaraciones al decir que el barrio en un primer momento no fue pensado para este asentamiento. “Faltan casas porque el proyecto inicial contaba con otro censo. Después a pedido de Néstor Majul decidimos que las viviendas serían sólo para 50 familias y dimos la chance de edificar para más adelante las que nos estaban faltando”, manifestó.
Mingorance indicó que esta operatoria de viviendas sólo involucra a la Comuna en el congelamiento del número de las familias beneficiadas, que fueron censadas al principio del proceso; el resto de las etapas vinculan a la unión vecinal con el IPV. “Desde el punto de vista legal y técnico el Municipio ha cumplido. La selección de las 50 primeras familias es un problema interno de la organización vecinal en el que el Municipio no debe ni puede intervenir, tal como lo fija el estatuto de las uniones vecinales. Los temas internos se resuelven en asambleas independientes del poder gubernamental. La Comuna no tiene ningún tipo de herramientas para decidir ni nombrar una lista de familias”, aclaró.
Para Parisi lo correcto sería que se hiciera un sorteo y no que los otorgamientos se hicieran “a dedo”.
