La idea es que el monto que se recaude se vuelque a servicios de seguridad. Desde insultos a la policía, aportes de datos falsos sobre un asalto que no existió, como para distraer a la fuerza y tener el campo libre para cometer un atraco en otro lugar, hasta preguntas como “¿saben si baja el Zonda hoy?” o ¿cómo llego a la calle tal? se convirtieron el año pasado en el 69% del total de las llamadas que ingresaron al 911, provocando no sólo la saturación del sistema, sino también –aseguran desde Seguridad– el retraso de la llegada de móviles a los verdaderos casos delictivos. Actualmente el Código de Faltas estipula para los autores de este tipo de llamadas una sanción de hasta 10 días de cárcel y una multa de hasta $1.000, pero pese a que desde el Ministerio de Seguridad se identificó varios números telefónicos y se envió la denuncia a la Justicia de Faltas, se vuelve casi imposible poder probar que quien hizo la llamada es efectivamente el titular de la línea, lo que hace que las multas sean casi nulas penalmente. “Ante la casi imposibilidad de sancionarlo penalmente, pensamos que sería efectivo aplicar sanciones pecunarias a las personas que realicen estas llamadas para frenar este tema. La idea es que el Ministerio de Seguridad haga convenios con las empresas prestadoras del servicio de telefonía, de manera que tras una denuncia del ministerio que identifica el número y graba la llamada, sea la empresa la que imponga una multa a su abonado que se incorpore a su facturación mensual. Esa sanción económica, que pensamos podría ir de los $200 a los $500, se convertiría en un importante monto que se podría destinar a servicios de seguridad del ministerio”, puntualizó el diputado Aldo Vinci (PD), autor del proyecto que el 17 de este mes consiguió la media sanción de la Cámara Baja. Según los números oficiales con los que Vinci acompañó su proyecto, el año pasado ingresaron al 911 de la Policía un total de 2.613.253 llamadas, de las cuales el 69%, específicamente 1.792.593, fueron truchas, el 10% fueron consultas, el 3% solicitaban una ambulancia del SEC (Servicio de Emergencias Coordinado) y sólo 481.248, el 18% restante, eran denuncias de hechos delictivos reales.
Difícil de aplicar Puertas adentro del Ministerio de Seguridad, la idea de multar económicamente a los inescrupulosos que juegan con el sistema de seguridad sonó a una “buena intención difícil de aplicar”. “Es un buen proyecto, y es probable que informáticamente se puede decir de qué número partió la llamada falsa, lo que no sé es si tendríamos la infraestructura como para hacer un seguimiento de cada llamada. Por otro lado, las empresas de telefonía que funcionan en la provincia tienen sede en Buenos Aires, y habría que mandarles a ellas todo el registro y seguir la causa para saber si se sancionan a los abonados, y así recuperar ese dinero. Creo que hay que estudiar la forma de aplicación”, evaluó el jefe de la Policía, comisario Juan Carlos Caleri.
“Prefiero profundizar el proyecto antes de opinar” Ayer, conociendo las implicancias del proyecto que ya cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados, Diario UNO consultó al ministro de Seguridad, Leonardo Comperatore, quien adujo desconocer los detalles de las sanciones previstas por Vinci, y aseguró: “Me voy a comunicar con él para que me envíe el proyecto. Prefiero profundizar antes de opinar”. En tanto, algunas voces cercanas al Centro Estratégico de Operaciones aseguraron que varias de las llamadas falsas se realizan desde celulares a los que suelen cambiarles continuamente los chips, lo que dificulta aún más identificar las llamadas. “Siguiendo un celular llegamos a una casa y había 10 chips prepagos. Eso impide identificarlos”, aseguraron.
El proyecto. La idea es que el monto que se recaude de las comunicaciones falsas se vuelque a servicios de seguridad. La iniciativa, del diputado Aldo Vinci (PD), tiene media sanción de la Cámara Baja. Creen que sería más efectiva que las medidas penales.