“Ningún funcionario, empleado o contratado, bajo cualquier modalidad, que preste servicios en el ámbito del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, (...) podrá percibir una remuneración y/o contraprestación bruta total, bajo cualquier modalidad o concepto, superior a la remuneración bruta que legalmente corresponda percibir al cargo de Gobernador de la Provincia”.
Este es parte del texto del proyecto que este miércoles tuvo sanción definitiva en la Cámara de Diputados.
Sin embargo la ley exceptúa de sus alcances a los Magistrados, Fiscal de Estado, Asesor de Gobierno, Presidente y Vocales del Tribunal de Cuentas, Contador y Tesorero de la Provincia, Superintendente y Consejeros del Departamento General de Irrigación, todos ellos, funcionarios de rango constitucional.
También plantea una excepción para aquellos funcionario estatales que ya perciban un salario superior al del magistrado. En estos casos se “mantendrá plenamente su derecho adquirido a la remuneración y/o contraprestación que perciba a ese momento”.
Durante la votación el FIT se mostró en desacuerdo argumentando que el proyecto “ataca a la salud pública” ya que “los jueces no están abarcados por la ley”, pero si los trabajadores de la salud que cobran salarios más altos.
