Por Cecilia [email protected]
El ex director de Promoción y Protección de Derechos, de la DINAF, Fernando Herrera, cuestionado a raíz de la muerte de la pequeña Luciana Rodríguez, tiene un cargo de planta Clase 3 en el Ministerio de Salud y actualmente figura como adscripto en la Dirección de Economía Social, del Ministerio de Desarrollo Social. Por eso, a pesar de que renunció a su cargo como funcionario por los cuestionamientos en su contra, continúa trabajando para el Estado, según explicaron desde la Dirección de Asuntos Legales de Desarrollo Social.
Además de la renuncia de Herrera a la dirección, fueron sancionados cinco empleados públicos del Órgano Administrativo Local (OAL), que depende de la DINAF. Desde allí se hacía el seguimiento del caso y llegaron los informes y las denuncias de otras áreas por las condiciones de vida de la pequeña. La suspensión preventiva de estos trabajadores mientras transcurre la investigación administrativa venció la semana pasada y ninguno retomó su actividad, de acuerdo con la información oficial, porque gozan de sus licencias anuales. La relación laboral de Herrera y del resto de los empleados públicos con el Estado terminaría si se constata y concluye su responsabilidad administrativa, a través del proceso sumario que se sigue, en el cual los implicados también tienen derecho a defensa. “En este caso le cabría la sanción y sí podría apartárselo del cargo de planta, porque el sumario es contra la persona y no tiene que ver el cargo que ocupe”, explicó sobre el ex director del Promoción de Derechos el titular de Asuntos Legales, Andrés Nicosia. La investigación administrativa aún está en primera instancia, con la búsqueda de pruebas. Todavía no se han identificado imputados por irregularidades en el seguimiento del caso de la pequeña. En tanto, a través de la Fiscalía de Delitos Complejos, la Justicia ya imputó por abandono de persona seguido de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público a Herrera, pero también a Gianina Consina (ex coordinadora del OAL de Capital), Fabiana Lucentini (remplazó a Consina cuando se definió la restitución de Luciana a su madre) y Rafael Vizcarra (ex operador del OAL de Capital), mientras que a los empleados Mauricio Flores y Mónica Castro se los investiga sólo por incumplimiento. En una rueda de prensa realizada ayer a la mañana se le preguntó al gobernador Francisco Pérez qué opinaba de que el funcionario a quien él le había aceptado la renuncia continuara trabajando en un área del Estado. “Eso lo tendrán que responder quienes lo reincorporaron”, sugirió el mandatario, aunque después se explicó cuál es la situación laboral de Fernando Herrera. Para asumir como director de Protección de Derechos “reservó su cargo de planta”, una facultad que tienen los empleados públicos si van a cumplir con una función de mayor jerarquía. El suyo es un caso particular, subrayó Nicosia: “Cuando se le pide la renuncia como funcionario de la Dirección de Protección de Derechos se extingue esa relación laboral, pero no el cargo de planta con el Estado como empleado público, que sí puede terminar con un sumario”. El padrastro y la madre, aún bajo proceso Tanto la madre de Luciana, Evelyn Rodríguez, como la pareja de ésta, Jorge Orellano, continúan detenidos. La investigación penal contra estas personas, quienes vivían con Luciana cuando se produjo su muerte, tuvo algunos retrasos por la feria judicial. Los investigadores debieron esperar a que se constituyera la defensa –en el caso de él es un abogado particular, Raúl Aranda, mientras que a ella la representa la defensora oficial Silvina González– para someterlos a las pericias psiquiátricas, tal como se exige ante imputaciones graves como las pesan que sobre ellos: a ambos los imputaron por homicidio agravado, aunque a Orellano por alevosía y a Rodríguez por el vínculo. El paso que sigue es la resolución de la situación procesal de los investigados. El juez de Garantías deberá definir si mantiene la prisión preventiva. Dado que Evelyn está embarazada, tiene derecho a la detención domiciliaria, si bien esto se contempla cuando la gestación corre riesgo. Ninguno declaró ante la fiscal de la causa, Daniela Chaler. 
La desidia, punto de contacto entre los casos fuertes del veranoLa muerte de Luciana Rodríguez y la tragedia de la ruta 7 tienen un punto en común que desató la ira de la sociedad: pudieron haberse evitado, ya que en ambos casos hubo denuncias concretas que no fueron escuchadas ni atendidas como se debía por las autoridades. Diversos testimonios dieron cuenta, a modo de advertencia, de que la pequeña vivía en pleno estado de abandono y de peligrosidad extrema con la madre y el padrastro, en una casona en ruinas de la calle Entre Ríos de Ciudad. Varios días tuvieron los responsables para actuar. Sin embargo, la niña fue llevada sin vida por su padrastro a una clínica de las inmediaciones.
Informe negativo de la abuela materna1-El examen realizado por el Poder Judicial concluye que Claudia Rivas se encuentra “psíquicamente impedida” para afrontar la crianza de sus nietas.
2-La personalidad de la mujer refleja dificultades para ejercer el rol materno, fragilidad psíquica, impulsividad y baja tolerancia a la frustración.
3-Indica el informe que Rivas establece vínculos inestables, presenta dificultad para anticipar y planificar, y también bajos sentimientos de autoestima.
4-Agrega que sufre una alteración de la identidad, que es irritable y afectivamente inestable, y que tiene dificultades para controlar la ira.
5-Un dato clínico de relevancia –dice el informe– es que la mujer no ha establecido una vinculación estable y fluida con sus nietas.