Por Alejandro [email protected]
Es porque carecen de habilitación, según la Defensoría de las Personas con Discapacidad, que realizó el planteo y denunció violación de derechos básicos de los internados. Advirtió de que ocurre lo mismo en el Jorba de Funes.
Pidieron clausurar dos hogares para discapacitados del Este mendocino
“En estos hogares, no por casualidad no te dejan entrar, a nadie dejan entrar, y eso es porque son siniestros”. La descripción refiere a los albergues para discapacitados de Mendoza y la frase es de Juan Carlos González, titular de la Defensoría de las Personas con Discapacidad de Mendoza.
Una vez más, como ya lo había comprobado en febrero a través de una serie de inspecciones, el funcionario denunció “el estado de humillación extremo” en el que viven los discapacitados en la mayoría de los hogares mendocinos, incluido el albergue estatal Jorba de Funes, y le reclamó al Poder Ejecutivo políticas más profundas para resolver esa problemática.
“Decimos lo que nadie dice, que es el estado de humillación en que vive esta gente, las condiciones infrahumanas por debajo de cualquier estándar mínimo de calidad de vida”, denunció González.
Por dentro“Uno entra a estos lugares y se encuentra con cables sueltos, con escombros y obras a medio hacer donde viven las personas internadas, con una mugre increíble, en las personas que viven allí y en las instalaciones, con dormitorios que tienen telas de araña por todos lados, hogares sin calefacción en pleno invierno”.
A la falta de calidad humana se suma otro elemento muy grave y es la falta de atención de la salud de gente con problemas: “Faltan controles médicos, no hay registros ni historias clínicas en muchos albergues, no hay rehabilitación; uno entra y los ve ahí como en un letargo permanente”, se quejó González recalcando que es una situación urgente que hay que cambiar.
Por eso, sin más demoras, solicitó formalmente al Ministerio de Desarrollo Humano y a la Municipalidad de San Martín el cierre de dos albergues ubicados en ese departamento.
Y denunció “serias irregularidades: están funcionando sin la habilitación correspondiente”. Se trata de los albergues Laber SA y La Tebaida “que son del mismo dueño”, aseguró González.
También solicitó que sea reinspeccionado por el Ministerio de Salud para evaluar si continúa funcionando el albergue Vivir y Crecer, ubicado en Guaymallén, “al que le falta la habilitación municipal, supera la cantidad de personas alojadas que le permite el Ministerio de Salud, tiene calefacción deficiente, falta de rehabilitación y actividades de los internados”.
Para el instituto Jorba de Funes, el único albergue estatal, ubicado detrás del hospital El Sauce, también hubo palos de la Defensoría de las Personas con Discapacidad, porque al fin y al cabo, incumple a la misma altura y de la misma forma que lo hacen los privados.
Dice el dictamen de la Defensoría tras la inspección del hogar estatal en mayo último: “En el instituto Jorba de Funes no se respetan los derechos a la salud, a la rehabilitación, a la privacidad, a una vida digna, a un nivel de vida y asistencia socio-sanitaria adecuada, a la igualdad y a la no discriminación”.
Y lo más grave: “Tampoco se garantiza el derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos, degradantes, ni al respeto por la dignidad inherentes a las personas”.
Por eso, la Defensoría se queja de que las medidas implementadas hasta ahora desde el Poder Ejecutivo no sirvieron o sirvieron poco y que es necesario profundizar la tarea en el hogar estatal.
►“En el Instituto Jorba de Funes no se respetan los derechos a la salud, ni a la vida digna”, dictaminó la Defensoría de las Personas con Discapacida.
►En Mendoza no hay una ley que regule los hogares en los que se interna a personas discapacitadas.
►Las condiciones y los estándares de los albergues son establecidos al momento de la habilitación por el Poder Ejecutivo.
Denuncias en la Fiscalía de Delitos Complejos El defensor de las Personas con Discapacidad, Juan Carlos González, confirmó que con el último dictamen enviaron informes a la Fiscalía Especial para que evalúe iniciar una investigación penal por la situación que sufren los pacientes internados cuyos derechos son vulnerados.
►300 discapacitados sin obra social ni cobertura de salud están institucionalizados con internación permanente a través del Estado provincial. Cuarenta y siete de ellos residen en el instituto Jorba de Funes y el resto en albergues privados, donde son atendidos a cuenta y cargo de Mendoza.
