Por Catherina [email protected]
El joven estudiante Andrés García Campoy (20) se habría quitado la vida. A esa conclusión llegó el juez federal Walter Bento luego de una exhaustiva y larga investigación, por lo que decidió dictarles la falta de mérito a dos gendarmes que estaba imputados por el homicidio agravado del joven, muerto de un tiro en el parietal derecho el 13 de junio pasado en un control de Gendarmería en Luján.
Al dictar la resolución el magistrado no encontró suficientes pruebas para mantener la acusación pero tampoco para dejar totalmente desvinculados del caso a los dos efectivos de la fuerza de seguridad.
Sobre la base de peritajes y testimonios incluso de familiares muy allegados a la víctima los investigadores saben que el joven habría manifestado en otras ocasiones su intención de quitarse la vida.
De todos modos la causa todavía no está cerrada ya que faltarían más pruebas por rendir.
El desgraciado suceso, uno de los más complejos que se conocen por las características que lo rodearon –se hizo la reconstrucción para tratar de echar luz sobre él– sucedió en horas de la tarde del 13 de junio en la ruta 7 en la zona de la Destilería de Luján de Cuyo.
Eran aproximadamente las 15.30 cuando en el control de Gendarmería se detuvo un Peugeot 504 al mando de García Campoy.
La ruta estaba complicada porque se había liberado el túnel Cristo Redentor y había mucho movimiento especialmente de camiones.
En ese momento les tocaba subir a los que estaban en el playón y los gendarmes les abrían el paso.
También circulaban vehículos de menor porte, entre ellos el Peugeot del joven.
Según se conoció en esa oportunidad, el pandemónium se desató poco después.
Las primeras informaciones dieron cuenta de que García Campoy habría disparado su carabina 22, muy antigua, que llevaba aparentemente para vender no se sabe a quién.
También se conoció que el joven habría tenido un entredicho con los gendarmes –los habría insultado– que derivó en la tragedia que es de público conocimiento.
Lo primero que se dijo en ese entonces fue que el chico se había suicidado. Luego comenzaron a tejerse las más variadas hipótesis a partir de las versiones que dio la familia, que desmintió que el estudiante hubiera tenido intenciones de matarse.
Las responsabilidades se reparten: por un lado, el primer fiscal que intervino en la causa, Jorge Calle, de Luján-Maipú, decidió imputar a dos gendarmes y luego apartarse de la causa y derivarla a la Justicia federal porque entendió que el caso no era de su competencia. Ya en este fuero, por orden del juez federal Walter Bento no solamente se peritaron las armas que fueron secuestradas sino que se recibieron varias testimoniales, entre ellas la del personal del Servicio Penitenciario que circunstancialmente pasaba por el lugar y a pedido de Gendarmería se detuvo para socorrer al joven.
En cuanto a las pericias mientras la causa estuvo en el fuero provincial, se habrían demorado más de la cuenta.
