Los motivos En verdad, lo que quiere el gobernador es fundamentar con datos claros y precisos porqué le apuntó tan duramente a la Justicia la semana pasada. En otras palabras, no quiere que todo parezca un simple exabrupto o enojo. Va a poner blanco sobre negro, y a dar nombres y casos concretos de desidia judicial, es decir, de juzgados en los cuales se acumulan las causas y donde los tiempos de resolución de los conflictos son larguísimos. Sobre todo va a apuntar al escaso avance en investigaciones relacionadas con el narcotráfico. El gobernador quiere que sea la Legislatura la que se meta de lleno en la tarea de controlar y pedirle explicaciones a la Justicia, ya que es el ámbito habilitado para hacerlo. Esta tarea no puede realizarla el Ejecutivo. El espacio indicado para llevar sus quejas con respecto al funcionamiento de la Justicia es la Bicameral de Seguridad. El enojo del gobernador con el Poder Judicial es muy grande, por eso, como ya se adelantó, no se descartan pedidos de Jury para los que no cumplan con su trabajo, y esto pueda ser demostrado.
Sorpresa Los legisladores de la Bicameral de Seguridad se mostraron sorprendidos. Hasta ahora, nunca recibieron respuestas a los múltiples pedidos de audiencia al gobernador. “Hoy es él el que nos invita a reunirnos, y allí estaremos el lunes”, aseguró la senadora y presidenta de la Bicameral, Milagros Suárez (UCR). Suárez explicó el temario por el cual habían sido citados (según una nota enviada por el gobernador a la comisión que preside), aunque dijo que ellos también llevarían sus planteos a la reunión. Todos esos temas que nunca pudieron charlar con Pérez con anterioridad. Por su parte, el diputado Aldo Vinci (PD), manifestó que le sugerirá la aplicación de una serie de leyes que deben activarse para mejorar la seguridad. Una de ellas es que los llamados de emergencia al 911 los respondan civiles preparados para tal fin, y no policías. Esta es una propuesta compartida con el diputado Daniel Cassia (Frente Renovador). También solicitará que se sumen más perros adiestrados en la detección de estupefacientes en los pasos fronterizos y por último, que se incorpore a los intendentes en la puesta en marcha de nuevas medidas destinadas a disminuir los delitos. En cuanto a la participación de los legisladores en la reunión, la senadora Suárez aseguró que la invitación fue bien recibida por los legisladores que integran la comisión y que les pareció un ambiente propicio para el diálogo. Ella además llevará algunos temas a la reunión. Uno de ellos es la falta de coordinación detectada en organismos del Estado entre sí, y fallas en la gestión. Uno de los puntos débiles, a su criterio, es el de hacer anuncios (como sucedió con la implementación de la Policía Judicial) y luego no continuar con su puesta en funcionamiento. Si bien la semana se iniciará con esta invitación del gobernador a los legisladores, el jueves continuará en el Ministerio de Seguridad, donde se llevará adelante un nuevo encuentro de la Mesa de Enlace por la seguridad, en la que participarán funcionarios, legisladores y miembros de la Justicia.
Reclamo. Los legisladores consultados afirmaron que le pedirán a Paco Pérez una postura con respecto a la adhesión a la Ley Nacional 26.052, que es la que permite a las provincias meterse en la investigación de la narcocriminalidad, en al menos los casos de “menudeo”.
En danza. En la Legislatura de la provincia hay varios proyectos que buscan que se concrete esta intervención, una del senador Gustavo Cairo (PRO) y otro de Armando Camerucci, que si bien fue enviada al archivo, el senador ha pedido que se revierta esta acción.
Idea oficial. Francisco Pérez pretende que la Legislatura se meta de lleno en el control del funcionamiento del Poder Judicial, ya que es el ámbito correcto para hacerlo. El Ejecutivo no puede ejercer ese rol.
Gil Lavedra defendió la reforma penal El ex diputado de la UCR y miembro de la comisión que elaboró el anteproyecto de reforma del Código Penal, Ricardo Gil Lavedra, volvió a defender ayer la iniciativa y apuntó al Frente Renovador, en momentos en que dirigentes radicales orgánicos y otros alineados a Sergio Massa redoblaron las críticas contra la propuesta. “Este anteproyecto plantea el cumplimiento de la pena y contará con un aparato estatal encargado de controlar la ejecución de esa pena, por lo que hay expresiones políticas que son absurdas”, dijo Gil Lavedra. El ex legislador aseguró que “en cualquier parte del mundo es muy complicado hacer una reforma del Código Penal”, pero sostuvo que en el país eso se mezcla con “un contexto de alta susceptibilidad por la inseguridad real. Estamos frente a un Gobierno que inició el fin de ciclo”.