Por Laura Zuliá[email protected]
El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) realizó una investigación en la que midió el acceso a la información judicial en las provincias del país. En el ranking que elaboraron, Mendoza ocupa el puesto número 16 y está por debajo del promedio del resto del país. El índice tuvo en cuenta la accesibilidad a la información a través del sitio oficial del Poder Judicial, no así la calidad o la cantidad de la información producida y publicada.
El informe, que estuvo dirigido por Sandra Elena y Ana Pichón Rivière, analizó 11 variables para medir la accesibilidad de los ciudadanos al Poder Judicial de sus provincias. Los ejes que tuvieron en cuenta fueron: transparencia activa, producción de datos, actos jurisdiccionales, compras públicas, selección y remoción de magistrados, interacción, personal, código de ética, capacitación, sistemas de control y participación ciudadana.
Sobre un total de 82 puntos posibles, la provincia que alcanzó más fue Formosa con 55. Mendoza, en la mitad de la tabla, sólo obtuvo 35, es decir, 20 menos que la más alta, lo cual da cuenta de las falencias de la Justicia a la hora de dar a conocer su información.
“Es cierto que la página del Poder Judicial está desactualizada y que la información está mal presentada. Reconocemos esas falencias, porque estamos en un proceso de actualización”, admitió una fuente de la Justicia.
En cuanto a la información presupuestaria, la Justicia de Mendoza publicó por última vez datos que corresponden al ejercicio 2007. “Este año la provincia no tuvo presupuesto hasta mitad de año, por eso tampoco nosotros podemos tenerlo”, agregó la fuente.
Sin embargo, destacó como positivo que es la única provincia donde se publican todos los fallos de todos los tribunales y que se está analizando ampliarlo al tema penal.
En Mendoza no están publicadas las declaraciones juradas de los magistrados, pero sí figuran los sueldos según los cargos.
Las investigadoras del CIPPEC consideraron que la producción de datos —en particular de estadísticas— permite realizar tareas de diagnóstico, evaluación y monitoreo de la gestión judicial. “Los datos deben ser accesibles, comprensibles y reutilizables. Menos del 75% de las provincias publican estadísticas en el sitio web”, explicaron en el estudio. Aunque en este caso, la provincia sí publica información estadística que cumple con el criterio mínimo de causas ingresadas y resueltas por año, aunque esta información está provista en una forma libre, lo que dificulta su reutilización.
Dentro del Poder Judicial hay diferencias según las distintas secciones. El Ministerio Público es una de las que mejor, más completa y actualizada información publica maneja. En sección de estadísticas delictuales la última actualización es de julio de este año. Clasifican la información brindada en homicidios, robos agravados, robos simples, abusos con acceso carnal y tenencia y portación de armas. Los datos del Centro Móvil de Información Judicial también son de los más actualizados.
“Incorporamos el ingreso con clave para los periodistas, y pusimos a una persona a que esté trabajando y tenga la página activa todo el tiempo. Tratamos de juntar toda la información y dar una y correcta, para que no haya malas interpretaciones, no es que no se quiera informar”, explicó María Teresa Day, a cargo de la coordinación del Ministerio Público.
Day contó que ella misma revisa personalmente la página y que, para ponerla en marcha y actualizarla, no necesitó contratar a más personal que el que ya tenía. “El acceso a la información es esencial, todo tiene que estar ahí. No publico presupuesto porque no tenemos uno independiente. Pero, por ejemplo, los concursos están todos, es algo transparente, están las listas”, agregó.
►Conclusiones del estudio. Tras el análisis, el CIPPEC recomendó promover un cambio cultural en el Poder Judicial, para orientar su accionar hacia la apertura y transparencia, y concentrar la información en una sola página web para evitar dificultades.
A la espera de una ley que regule el acceso a la información públicaMendoza todavía no tiene ni una ley de ética pública ni de acceso a la información. Luis Petri, diputado nacional por la UCR, presentó un proyecto cuando estuvo en la Legislatura local que tuvo media sanción, pero llegó hasta ahí. “Es necesario que Mendoza avance sobre una ley, y que a cualquier organismo tenga acceso el ciudadano”, opinó Petri.
El legislador explicó que hoy el acceso a la información es arbitrario y que incluso a ellos como legisladores se les dificulta poder llegar a obtener datos.
“Toda la información que los organismos producen debería estar al servicio de los ciudadanos”, agregó.
