Luego del caso del policía asesino, la Legislatura retoma las leyes de seguridad

Héctor Quevedo, el presidente de la bicameral de Seguridad, informó que todavía hay intenciones en la Legislatura de seguir tratando leyes que estaban dentro del paquete de la emergencia en seguridad. Cabe aclarar que esta fue iniciativa del vicegobernador Carlos Ciurca luego de que mataran en el parque General San Martín al turista neozelandés Nicholás Heyward, a fines de abril, para robarle una mochila.

Además, los legisladores prometieron tratar en las próximas sesiones un proyecto de ley del diputado Lucas Ilardo (PJ) que propone que los policías denunciados por situaciones de violencia de género deban dejar el arma en su lugar de trabajo, y sólo puedan portarla cuando están en servicio.

La situación se repite siempre. Debe suceder un hecho de inseguridad o de violencia para que los proyectos que permanecían en un prolongado letargo vean nuevamente la luz. Ayer volvió a suceder. Las dos iniciativas que se retomaron se relacionan, de alguna manera, con la resolución de conflictos relacionados con la inseguridad y la violencia. Aunque los problemas están siempre, pasan a ser visibles luego de que alguna situación trágica, irreparable e indignante saca del sopor a los miles de proyectos que nunca se tratan en el ámbito legislativo.

En cuanto al proyecto de las videocámaras, si bien ya tiene sanción completa, fue modificado en Diputados, por esto es que volvió al Senado para su revisión. De todas maneras, ya tiene el consenso político para convertirse en ley.

El autor es el senador del PRO Gustavo Cairo y la finalidad que persigue es la de unificar en un solo registro tanto a las cámaras públicas, colocadas por el Ejecutivo, como a las privadas, adquiridas por propia voluntad de los comerciantes, consorcios de departamentos u otras entidades que así lo determinen. También se incluirá a las cámaras de los domicilios particulares si sus dueños así lo autorizan, y a las de taxis, micros y otros medios de transporte. El objetivo es facilitar el esclarecimiento de delitos a través de sus imágenes.

Cairo explicó, además, que con esta ley se busca otorgar facilidades y beneficios impositivos a quienes coloquen videocámaras

Otra situación que deja establecida el proyecto es que las imágenes que se obtengan a través de estas cámaras constituyen una prueba fehaciente para corroborar un delito.

En cuanto a las modificaciones introducidas en el proyecto original y lo que motivó a enviar nuevamente la casi ley al Senado, tiene que ver con los plazos que se le otorgan a la empresa que se encarga de realizar la operación técnica para denunciar roturas en las cámaras. Se impuso un plazo de 48 horas como máximo y esto es lo que el Senado debe revisar, puesto que en la primera iniciativa no se encontraba establecido.

Un proyecto con consensoEn cuanto a la iniciativa de Lucas Ilardo de desarmar a los policías violentos, es decir, que sólo puedan portar el arma en el horario de trabajo aquellos efectivos denunciados por casos de violencia de género, tuvo muy buena aceptación entre los legisladores de todas las bancadas, con excepción de los integrantes del FIT. Al respecto habló el presidente de la bicameral de Seguridad y diputado radical Héctor Quevedo. Este aseguró que, a pesar de corresponder a otro color político la iniciativa, estaba totalmente de acuerdo con aprobarla y trabajaría junto con el legislador kirchnerista para que consiga sanción definitiva.

En este proyecto también se pone en consideración que para recuperar el permiso de portación de arma deben existir dos instancias previas. Una judicial, que consiste en que el juez que lleva la causa levante las medidas que se hayan tomado para proteger a la víctima. La segunda es que el policía pase por una revisión psicofísica practicada por Sanidad Policial. Si estos dos requisitos se cumplen, el efectivo puede portar nuevamente su arma reglamentaria sin inconvenientes.

Por otra parte, Ilardo explicó que se agregó un aspecto más a esta iniciativa, y tiene que ver con que los policías con mala conducta no puedan ser sancionados con la modalidad de recarga horaria, por ser inconstitucional.

►Legisladores dijeron que en las próximas sesiones tratarán un proyecto del diputado Lucas Ilardo (PJ) que propone que los policías denunciados por situaciones de violencia de género deban dejar el arma en su lugar de trabajo, y sólo puedan portarla cuando están en servicio.