Por Cecilia [email protected]
Desde el Ministerio de Seguridad quieren que los padres de los chicos que realizan las amenazas de bomba en la Escuela Normal Tomás Godoy Cruz, ubicada en Ciudad, paguen al Estado los gastos que sus hijos generan cada vez que por una llamada intimidatoria se despliega un operativo para evaluar el edificio.Funcionarios de esta cartera y sus asesores legales preparan un informe para presentar en la Asesoría de Gobierno, que tiene la facultad de impulsar el reclamo. Allí detallarán los recursos dispuestos al menos en los meses de julio y agosto, cuando se constataron cerca de 40 llamados de este tipo.
El viernes hubo una nueva provocación y ayer se repitió: ante una llamada de advertencia, los directivos de la Normal debieron desalojar el establecimiento en la mañana para que efectivos policiales, la Brigada de Explosivos y Bomberos inspeccionaran el edificio.“Cuando hay una amenaza se deben disponer los recursos. Es nuestra responsabilidad actuar, no podemos dejar de hacerlo”, dijo Alejandro Gil, subsecretario de Relaciones con la Comunidad, quien aportó que en la Oficina Fiscal Nº1 la causa por “intimidación pública”, a cargo de Laura Rousselle, está avanzada, al punto de que hay más teléfonos identificados. Siempre que se trate de personas mayores de 16 años ese delito establece como sanción “prisión de 2 a 6 años al que para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes amenazare con la comisión de un delito de peligro común”.A pesar de que la semana pasada se decidió como medida disciplinaria el cambio de escuela de dos adolescentes identificados por la institución escolar como responsables, y mientras que la Justicia tiene bajo proceso a 7 alumnos de la Normal como presuntos autores de las amenazas y se investiga a otros 17 alumnos de ese colegio, la compleja situación continúa sin hallar soluciones.“Es una broma, pero no parece tan gracioso ya, porque no se sabe hasta dónde van a llegar”, opinó a la salida del turno mañana Gonzalo, quien cursa el quinto año y pidió que no se lo identificara con el apellido o fotos, por miedo a represalias.“El ministerio tiene intención de accionar civilmente por las erogaciones que se producen cada vez que hay amenazas. Y para que prospere el reclamo pecuniario civil, estamos evaluando los daños”, explicó el director de Asesoría Letrada, de Seguridad, Gonzalo Intzes.“Esto perjudica a la primaria y a la secundaria, se pierden horas de clases y se infunde temor. Los chicos del jardín no quieren ir a la escuela”, expresó Gil, sobre lo que miembros de la comunidad educativa le manifestaron en los reiterados contactos que tuvieron por estos días. Es que además de los gastos en Seguridad, la “broma” implica pérdida de recurso humano escolar, de horas de clase y actividades escolares que deberán reprogramarse.
En números
1.500 estudiantes y 500 profesores concurren a los tres turnos que tiene la Escuela Normal Tomás Godoy Cruz, que además tiene niveles Inicial y Primario.1 hora se pierde como mínimo con cada operativo realizado por la Brigada de Explosivos, efectivos policiales y Bomberos.
40 amenazas han sido denunciadas a la Justicia.