Por Daniel Calivares
Hace varias semanas, algunos caciques le mostraron al gobernador su desacuerdo con esa posibilidad. Finalmente, Pérez les dio la derecha y no incluyó ese punto entre los cambios propuestos.
Los intendentes del PJ lograron que la reforma constitucional no elimine las votaciones secretas
Ni la eliminación de las votaciones secretas del Senado, ni las audiencias públicas vinculantes. Finalmente, el proyecto de Reforma Constitucional que envió el Ejecutivo a la Legislatura provincial no contempla ninguno de esos dos puntos, que habían sido anteriormente mencionados por el gobernador Francisco Pérez, quien varias veces se quejó del primero de ellos.
Actualmente, a la hora de elegir jueces, o votar por el director general de Escuelas, miembros del directorio de Irrigación o los titulares de los entes de control, el mecanismo consiste en que el gobernador envía los pliegos, y los senadores tras analizarlo, los votan en sesión secreta mediante el sistema de bolillas blancas y negras.
Esto lleva a que nadie se entere que votó cada legislador o a algunas picardías, como que un solo legislador meta las bolillas del resto y de esa manera, cada partido se asegure que se vote según el mandato partidario.
La idea de Pérez era terminar con esta modalidad, sin embargo todo cambió en una reunión que mantuvo el propio gobernador con los intendentes del justicialismo hace unas semanas atrás, cuando los caciques decidieron apoyar el límite de las reelecciones.
En esa oportunidad, uno de los intendentes le señaló a Pérez su voto opositor a la eliminación de las votaciones secretas, y le explicó que eso podría provocar un problema a la hora de elegir jueces.
“Ningún legislador se va a animar a votar en contra de un juez, que en caso de ser aprobado, se puede quedar con el enojo de aquellos que no aprobaban su ingreso”, explicó un cacique del PJ, tras ese encuentro.
Finalmente, esas voces fueron escuchadas por el gobernador, quien entre todos los puntos propuestos para la reforma constitucional, decidió bajar ese punto, aunque finalmente serán los legisladores los que decidirán esto.
“El problema no es tanto en el tema de los cargos políticos, el punto es a la hora de los magistrados o camaristas penales, ahí hay un punto de resistencia de algunos intendentes, no de todos”, explicó una fuente del justicialismo, quien reconoció que a pesar de la negativa pública de la oposición a tratar la reforma, hasta ahora existe bastante diálogo, aunque informal hasta el momento.
Igualmente, desde el justicialismo, no descartaron que la eliminación de las votaciones secretas sea incluido una vez que comiencen las discusiones formales por la reforma.
“Algunos quieren la reforma, el problema es que (Alfredo) Cornejo considera que puede ser positivo para el gobernador y si la negativa es solo por una especulación política, más que por argumentos, será complicado. Aunque algunos quieren discutir varios puntos de la reforma”, explicaron en el oficialismo.
En cuanto a las audiencias públicas, estas seguirán, según el proyecto, siendo no vinculantes, pero todas las opiniones deberán figurar en las actuaciones pertinentes.
Un punto que sí logró Pérez, pese a algunas resistencias fue incluir la revocatoria de mandatos, para que “se reconozca al electorado el derecho a requerir la revocación del mandato de los funcionarios electivos fundándose en mal desempeño”, siempre y cuando, el funcionario lleve más de un año y le resten más de seis meses para cumplir su mandato.