Por Daniel Calivares
El ex juez federal Otilio Roque Romano seguirá en su calabozo del Penal de San Felipe. El Tribunal Oral Federal 1 rechazó el pedido de detención domiciliaria, por lo que Romano, acusado de un centenar de delitos cometidos durante la última dictadura militar, permanecerá en prisión a la espera de una sentencia que decida su futuro.
El fallo, firmado por los jueces Alejandro Piña, Juan Gonzalez Macías y Raúl Fourcade admite que el ex magistrado tiene edad para acceder al beneficio, pero que este no es el único requisito necesario para obtenerlo.
En ese sentido, el escrito de 36 hojas, señala que Romano no tiene ninguna enfermedad terminal y que “no se advierte que el encarcelamiento esté produciendo alguna de las consecuencias que la ley pretende evitar; por lo tanto, no se encuentran razones que justifiquen la concesión de este beneficio excepcional”.
Igualmente, el fallo explica que los informes elaborados por los médicos dan cuenta de que Romano necesita de controles mensuales en varias especialidades y que sus padecimientos no requieren una internación, pero sí un control, por lo que exhorta al ministerio de Gobierno a que se de “estricto cumplimiento con los controles médicos periódicos”, como así también a los directivos de San Felipe a disponer todo para que realicen los controles que Romano necesite y que han sido indicados por el Cuerpo Médico Forense.
Por último, también señala que se debe autorizar el ingreso de cualquier médico particular que requiera el ex magistrado.
En la decisión de los jueces, según el escrito, tuvieron que ver los anteriores antecedentes de Romano.
“Asimismo no puede soslayarse que Romano fue extraditado desde la República de Chile a la Argentina; esta situación, objetivamente, demuestra el grado de riesgo procesal”, explica uno de los párrafos.
Romano es uno de los acusados en la megacausa por delitos de lesa humanidad. En su caso, está imputado en un centenar de causas por haber omitido investigar secuestros y torturas, en su mayoría.
Incluso, el pedido de la defensa de Romano había puesto en guardia a los organismos de derechos humanos que temían que se fugara, principalmente porque el magistrado ya contaba con el antecedente de haber huido a Chile y pedir asilo político en ese país, lo que fue rechazado por la Justicia trasandina.
El pedido llevó a que los jueces tomaran declaraciones a autoridades penitenciarias y al perito de la Corte que revisó a Romano a mediados de agosto y que justamente dejó la puerta abierta para que la defensa del ex magistrado pidiera la detención domiciliaria, que fue negada por el tribunal.
