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La principal fuerza de la oposición presentará el martes un proyecto de ley para declarar la "inaplicabilidad" en Mendoza del decreto de Cristina Fernández que reserva el manejo del petróleo de las provincias para el Estado nacional.

La UCR pidió a Pérez romper con la Rosada por nacionalización del manejo del petróleo

Por Daniel Calivares

“Nos dejan la propiedad pero nacionalizan la administración de los recursos”. Así resumió el presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, al decreto nacional 1277, que le permite al gobierno nacional concesionar o reveer contratos de concesión de áreas petroleras, quitándole esa potestad a las provincias.

Para hacer frente a ese decreto, el radicalismo decidió presentar el martes un proyecto de ley por el cual se declara la inaplicabilidad en Mendoza de lo decidido a nivel nacional, obligando de esa manera, a que el justicialismo tome una posición respecto al decreto.

El decreto 1277, que se conoció a fines de la semana pasada puso en alerta a toda la oposición mendocina. Desde el radicalismo, Cornejo convocó a algunos legisladores locales, entre los se encontraban el senador Juan Carlos Jaliff y el diputado Néstor Parés y algunos legisladores nacionales como Enrique Vaquié, Ernesto Sanz, Jorge Albarracín y Mariana Juri, para diseñar una estrategia en común.

De ese cónclave salió una decisión, que por un lado, pretende dejar sin efecto lo decidido por la Nación, pero también obliga al justicialismo local a tomar una posición política. Según explicó Cornejo, el proyecto está basado en que el decreto es inconstitucional y que no puede pasar por encima de una ley, como es la conocida como “ley corta”, que acordaron en su momento Julio Cobos y Néstor Kirchner, como así también se opone al artículo 124 de la Constitución Nacional.

Por último, desde el radicalismo se quejaron que desde la provincia no se ha hecho nada, e incluso, Cornejo explicó que antes de que se expropiara Ypf, le advirtieron al gobernador Francisco Pérez que la Nación podía hacer esto y en ese momento el mandatario les contestó que “confiaba en Cristina y que no iba a ocurrir”.

En tanto, desde el partido demócrata, el senador Carlos Aguinaga, aseguró que comparten con el radicalismo el criterio que es inconstitucional, pero ellos pretenden que la provincia presente una demanda ante la Corte Suprema que impida que el decreto se aplique. Para ello, Aguinaga le presentó esta mañana una nota al vicegobernador Carlos Ciurca para que el gobernador Francisco Pérez y el fiscal de Estado Joaquín De Rosas, acudan a la reunión de labor parlamentaria de Senadores esta tarde.

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