Los vecinos de Uspallata que se oponen han adoptado una postura tan militante como novedosa: paramanifestar su resistencia a la instalación de la mina de cobre han decidido pintar sus casas de
blanco.
Así se ven varias viviendas en esta comunidad de menos de 7.000 habitantes, que se debateentre respaldar o no a uno de los proyectos en los cuales el gobierno de Celso Jaque dice estarparado para impulsar la minería en Mendoza. Diario Uno recorrió la estancia El Yalguaráz, a unos 45 kilómetros hacia el norte de la VillaCabecera, por la ruta 149, en donde se asoma un pequeño cerro de menos de 100 metros de altura queno alcanza a tener siquiera las dimensiones del Cerro de La Gloria. Es el cerro San Jorge, en donde allá por la década del '60 se detectó que podría albergar auno de los mayores yacimientos de cobre (y oro también) de la provincia y del país. La mina es propiedad de Coro Mining Corporation, una empresa pública canadiense que cotiza enbolsa y que está "camino a convertirse en un productor de cobre de nivel medio" a escala mundial yque tiene precisamente en el proyecto San Jorge a su principal expectativa de negocios. La empresa calcula extraer, durante 16 años de explotación, alrededor de 40.000 toneladas decobre (y otro tanto de oro a modo de subproducto) con una inversión inicial de alrededor deU$S277.000.000. El Gobierno ya lo anticipó: posiblemente en los próximos meses termine haciendo el llamado ala audiencia pública, procedimiento previo al otorgamiento de la declaración de impacto ambiental.Hasta aquí los procedimientos han sido tortuosos. La Universidad Nacional de Cuyo y el DepartamentoGeneral de Irrigación contradijeron el informe de impacto ambiental elaborado por la empresa ysugirieron que, en caso de pretender seguir adelante, habría que realizar un nuevo estudio. El objetivo de Jaque es uno: el devenir de San Jorge es clave para determinar cuál será elfuturo de la minería en la provincia. No es un secreto que para este Gobierno la posible ida de loscanadienses (que podrían terminar extrayendo el metal en Mendoza para procesarlo en San Juan)significaría la caída definitiva de la provincia del mapa minero internacional. Un lugar del quehoy ya está prácticamente afuera luego de la sanción, en 2007, de la ley 7.722 que restringió a laactividad minería metalífera a cielo abierto. "Luego de la sanción de ley, tuvimos que reestructurar nuestro plan de mina", explica Julio César Ortiz, director de minera San Jorge y encargado de vincular la empresa con la comunidad. Ese cambio obligó a que el proyecto original –que preveía tanto la extracción del óxido decobre, como del mineral enriquecido, como del sulfuro primario que contiene el cerro– quedararestringido sólo a la explotación de estos dos últimos elementos. El óxido de cobre sólo puede ser procesado (lixiviado) con cianuro u otros elementos químicosprohibidos por la ley 7.722. Por ello, los trabajos quedarán acotados a la extracción del mineralenriquecido y del sulfuro primario, a través de un proceso conocido como de "flotación". El primerelemento será acumulado en una "escombrera" y podría terminar en San Juan (a sólo 15 kilómetros delyacimiento) en donde sí están permitidos los procesos de lixiviación. Del cumplimiento de estas normas y de que no se registren casos de contaminación, sobre todo,en las cuencas de agua, dependerá si en algún momento (como esbozaron funcionarios de la Direcciónde Minería) se podrá avanzar o no en la modificación de la ley que impuso un freno a la actividad. "Los impactos ambientales serán totalmente mitigados", promete Pablo Alonso, director de control ambiental de la mina. "La evaporación, la tecnología y una topología del terreno hacen imposible que se contamine el acuífero de El Yalguaráz o cualquier otro acuífero", insistió.
