Mendoza Domingo, 17 de enero de 2016

La madre de Luciana Rodríguez exige criar a una hija que nació en la cárcel

En el momento de la muerte de Luciana, por golpes de su padrastro, la madre estaba embarazada. Presentó un amparo para mantener el vínculo con esta última hija

Tal vez ya nadie recuerde a Luciana Rodríguez y pocos sepan al escuchar su nombre que murió a los tres años de edad, el 7 de enero del 2014, por los golpes propinados por su padrastro, Jorge Orellano, y la complicidad de su mamá, Rita Rodríguez. Ambos condenados a prisión perpetua en setiembre de 2015. Y que Luciana y sus dos hermanas menores -de 18 meses y 6 meses en aquel entonces- padecieron desde el día que en que nacieron toda clase de vulneraciones a sus derechos básicos: vivienda, alimentos, abrigo, afecto. Y que su tercera hermana, que nació meses después de su muerte, está separada de su mamá, bajo la guarda de la DINAF.

Los informes sobre el destino de estas niñas son escuetos, fríos e impersonales. Lo único que revelan es que para el Estado los menores son expedientes numerados.

Inmediatamente después de la muerte de Luciana, sus dos hermanas fueron puesta bajo el programa de familias cuidadoras. Dos familias que las tuvieron por pocos meses, hasta que en febrero del 2015 -cuando aún no empezaba el juicio que condenó a Orellana y a Rodríguez- fueron entregadas en adopción a una familia de Lavalle por decisión del 5° Juzgado de Familia. Técnicamente se llama "familia pretenso adoptante", ya que manifestaron la voluntad de adoptar para siempre y de forma completa a estas niñas. Existe la adopción simple, que permite seguir en contacto con la familia biológica, pero en este caso es muy difícil por la condena y los hechos que se probaron en el juicio.

El dato de la rapidez de la decisión es llamativo, si se tiene en cuenta que por lo general, en estos casos complejos, todo es más lento todavía. Pero la brasa caliente que representó el cúmulo de impericias y negligencias cometidos en el caso no daba lugar a tales demoras. Y también porque siempre la abuela de Luciana, Claudia Rivas, había pedido por la guarda de esas pequeñas, pero la decisión de la Justicia fue apartarlas definitivamente de la familia de sangre, en la medida que no pudieron demostrar que eran capaces de cuidarlas efectivamente.

Más allá, por supuesto, de que en los papeles el proceso de adopción no está cerrado porque los controles para ver si las niñas están bien en su nuevo hogar continúa.

Ahora está en debate el destino de la bebé nacida en la cárcel el 20 de abril de 2014, ya que Rita estaba embarazada en el momento de la muerte de Luciana. En este caso, la Justicia ya la puso entre los niños en condiciones de ser adoptados, pero su mamá biológica ha presentado un amparo para mantener el vínculo. Está en manos de la Justicia decidir si atenderá el pedido o no. El punto no es favorable para Rita, porque condenada y con los antecedentes de su accionar ante Luciana y las otras dos bebés, difícilmente tenga chances de conseguir lo que pide.

Las niñas Rodríguez fueron bisagra para el trato de los niños con alto riesgo social. O eso se dio a entender.

Pero la debilidad estructural de la DINAF y de los programas de protección infantil, demostrada en la cantidad de chicos -casi 900-, que aún esperan que se resuelva su situación, es decir, pasar a estado de adoptabilidad o volver con su familia extendida, es una muestra de ello.

Esta gestión y la que se fue prometieron cambios profundos en el abordaje de los pequeños con estos problemas familiares. Los nuevos aún están organizándose, los que se fueron dejaron planes sin cumplir.

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