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El martes la Legislatura mendocina comenzará a desandar el camino iniciado en 2008 cuando el entonces gobernador Celso Jaque y su par pampeano Osar Jorge firmaron el convenio por el río Atuel que entre otros puntos preveía la entrega de una escorrentía mínima durante todo el año.
Francisco Pérez contestó formalmente la solicitud que había realizado la comisión especial del río Atuel en el Senado y habilitó el tratamiento de la ley que servirá para ratificar o desechar el acuerdo rubricado hace cinco años y medio ante la presidenta Cristina Fernández. El tema será tratado en la Casa de las Leyes en un momento clave. El jueves Mendoza fue notificada oficialmente sobre la demanda que efectuaron los abogados pampeanos Miguel Palazzani y Andrés Gil Domínguez ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por daño ambiental. “El gobernador ha cumplido con el compromiso que asumió en diciembre y el camino para darle tratamiento está allanado”, confirmó el senador Guillermo Amstutz, presidente de la comisión especial del Atuel. Salvados los pasos formales como exigía el radicalismo, la intención es que el martes tome estado parlamentario y lo deriven a la comisión para que emita un despacho. Así, a la semana siguiente podrán ingresarlo al recinto para que sea votado por el cuerpo. La segunda opción en carpeta es que esa mañana los presidentes de bloques decidan en labor parlamentaria agilizar el trámite y votarlo en esa misma sesión. Para que no queden dudas sobre los posicionamientos, el proyecto de ley ya está redactado y las fuerzas políticas con representación parlamentaria (PJ, UCR, PD, PRO, Partido Federal, Nuevo Encuentro y Unidad Popular) y que forman parte de la comisión especial avalan con la firma “desechar” el conflictivo acuerdo. “Hay unanimidad” en los criterios y la voluntad de “desechar el convenio”, insistió el senador Amtutz. La determinación de dar un corte definitivo surgió durante una reunión en la Cámara de Comercio de Alvear a la que asistieron diputados y senadores oficialistas y opositores. Más allá de los dardos políticos que se lanzaron en ese momento, la decisión de apretar el acelerador tiene un trasfondo netamente jurídico. Mendoza no puede seguir dando vueltas con el tema porque el convenio es parte importante en la demanda contra la Provincia que presentó La Pampa y el viernes comenzaron a correr el plazo legal para contestar el requerimiento del máximo tribunal del país: 60 días hábiles. Fundamentos del rechazo En el proyecto de rechazo hay un extenso listado de objeciones para fundamentar la posición de Mendoza que menciona además los dictámenes negativos en lo técnico y jurídico que emitieron anteriormente Fiscalía de Estado y el Departamento General de Irrigación. Queda expresamente establecido que el convenio tuvo un “loable propósito de encontrar un marco de vinculación entre las provincias”. Sin embargo chocó contra una realidad inapelable: la escasez de agua y la sentencia del 3 de diciembre de 1987 de la Suprema Corte, que sólo acepta el uso consuntivo y actual de Mendoza de las aguas del Atuel, sin ningún uso reconocido a ese momento para La Pampa.
