Por Alejandro [email protected]
Fue cuestión de que alguien diera el puntapié inicial para que en pocos días entráramos en clima de campaña electoral, a pesar de que impera una férrea “ley seca” para publicitar candidatos, tal cual lo dispone la ley de Mendoza 8.619, que supo votar y sancionar la misma clase política que ahora la está violando.
En un pestañeo y casi de la nada, la ciudad y la provincia se poblaron de cartelería callejera, afiches, panfletos, avisos en los diarios y hasta en internet postulando presidentes, gobernadores, intendentes, concejales... En fin, todos aquellos dispuestos a calzarse los botines para disputar las PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) que se realizarán el año que viene y para las que ni siquiera hay fecha prevista.
Era cuestión de tiempo para que una denuncia aterrizara en la Junta Electoral Provincial, órgano y árbitro de la contienda que está conformado por los siete jueces de la Suprema Corte de Justicia, el vicegobernador y el presidente de la Cámara de Diputados.
Tarjeta amarillaFue así que el lunes, la Junta Electoral de Mendoza, con las firmas de todos los miembros de la Corte, ordenó a los partidos políticos sin distinción, a sus afiliados, a los medios y a las compañías privadas que intermedian en la gestión y comercialización publicitaria, cesar de inmediato con la campaña y publicidad por estar fuera de los términos legales.
En consecuencia, los competidores deberán no solo bajar el perfil, sino también bajar los carteles y retirar toda publicidad en curso a riesgo de que si no lo hacen, podrían ser descalificados de la disputa de las PASO.
El órgano alertó también de que no se tolerarán ningún tipo de publicidad, ni siquiera aquellas personalizadas, donde el candidato se muestra sin sello ni identificación partidaria.
No importa si es conocido o no lo es, la Junta Electoral advirtió de que los aspirantes que violen la norma en estos términos o de cualquier otro modo perderán su derecho a competir en las elecciones.
Del mismo modo, el cuerpo destacó que no le temblará el pulso en aplicar las severas multas que ordena la misma ley a los partidos políticos y a quien corresponda.
La resolución de la Junta Electoral emitida ayer dice textualmente: “Ordenar el cese inmediato de todo tipo de publicidad política realizada fuera del marco de la ley 8.619”.
La norma establece en su capítulo V, artículo 15: “La campaña electoral de las elecciones primarias sólo podrá iniciarse 30 días antes de la fecha de los comicios. La publicidad electoral audiovisual solo podrá realizarse desde los 20 días antes de la elección”.
Por si acaso los partidos y los candidatos locales no lo entendieron del todo, la Junta Electoral recalcó en sus fundamentos: “El hecho de que no exista una fecha de elecciones fijada no conlleva una habilitación” para hacer publicidad electoral.
El peronismo se resisteAnte la novedad, el Partido Justicialista planteó un recurso de reposición ante la propia Junta Electoral Provincial, argumentando que el último decreto del gobernador Francisco Pérez, que dejó sin efectos algunos artículos de la ley 8.619, invalida la aplicación de toda la ley.
La respuesta de la Junta está pendiente de efectivizarse, pero los titulares de los partidos de la oposición manifestaban su conformidad con la resolución y la orden impartida a pesar de que se habían lanzado a la campaña.
Las explicaciones abundaron en que cuando algunos partidos y candidatos comenzaron a darse a conocer, aun fuera de los plazos legales, el resto corrió rápido a emparejar para no perder ventaja en el territorio esperando que de un momento a otro la Junta interviniera.
Las denuncias y sus grisesLa denuncia que motivó la orden y advertencia de la Junta Electoral Provincial vino de un particular que ofreció como prueba un panfleto tirado por debajo de la puerta de su casa con la imagen del intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo, y el sello de la Unión Cívica Radical.
Sin embargo, la UCR negó rápidamente que ese panfleto fuera de su factura, problema con el que en muchos casos se podría encontrar la Junta a la hora de auditar quién cumple y quien no con la ley. No será el caso de los anuncios grandes e institucionales, pero una panfleteada o la publicidad por internet será muy difícil de rastrear.
►"No objetamos la orden, nos parece bien. Teníamos varios candidatos lanzados, veremos cuánto tiempo nos dan para retirar la cartelería” (Sergio Pinto, presidente de la Unión Cívica Radical).
►"Nos parece bien lo dicho por la Junta si es para todos: ley pareja no es rigurosa. Pasó que el PJ y la UCR salieron antes y marcaron tendencia” (Richard Battagión, titular del Partido Demócrata).
