Hoy se cumple una semana de la venganza, contra su ex mujer, de un policía, que mató a la ex suegra y a un ex sobrino con el arma oficial. Los gritos, las corridas y el estupor aún sobrevuelan la zona
La historia de los 9 disparos que Matías contará toda su vida
Matías no se puede olvidar. “Le disparó varias veces, en la espalda”. Tiene 9 años y cuenta algo que contará mil veces, durante el resto de su vida. “Escuché a la abuela del nene, que gritaba pidiendo ayuda. Después, el hombre salió corriendo por acá (señala hacia el fondo de la calle) y después se metió por esa viña. Una mujer le gritó y él le disparó varias veces, pero parece que no le pegó”.
El niño cuenta la historia en forma compulsiva, sin necesidad de que nadie le pregunte. Vive en el barrio Solares de San Antonio, en Guaymallén. En abril del año pasado entregaron la primera etapa de ese complejo del IPV. Las llaves de la casa 32 de la manzana H fueron para Gabriela Beatriz Fernández (44) y su familia, compuesta por sus hijas y su nieto Benjamín Monje (8). En noviembre entregaron la segunda parte del barrio y este viernes, mientras Matías cuenta su historia, entre un enjambre de funcionarios políticos, vecinos y periodistas, el gobernador Francisco Pérez otorgó las últimas sesenta casas. Pero en ese acto inaugural no estuvieron ni el pequeño Benjamín ni su abuela. Ellos murieron el domingo pasado. A ella la mataron de cinco balazos y al niño de cuatro.
“Escuché que el hombre que corría le gritó: ¿Viste? ¡Yo cumplo con mi palabra!”, dice Matías, recordando la siesta de ese trágico domingo.
Ese hombre que corría a campo traviesa, por las viñas, era el auxiliar de la Policía de Mendoza José Miguel Ontiveros, un hombre de 34 años que prestaba servicio en la sección de Notificaciones Judiciales y que mientras corría todavía empuñaba su pistola de uso reglamentario, que aún tenía el cañón caliente después de haber vaciado el cargador.
Ontiveros había sido yerno de Gabriela y tío de Benjamín. Su furia estaba dirigida no a esas dos víctimas, sino a su ex mujer, Yamila Monje, que también es policía y con quien tiene dos hijos.
Es viernes 26 y ha pasado casi una semana del doble homicidio. En el barrio ya no están la abuela ni el nieto y tampoco el asesino. Ontiveros está cerca de allí, en el Hospital Neuropsiquiátrico El Sauce.
Ése es un lugar muy agradable. Edificios dispersos entre una tupida arboleda. Unas fotos de época en la recepción de la Dirección muestran que nada ha cambiado mucho, salvo los árboles que en las fotos son retoños y ahora bañan casi todo de sombras.
Llega un médico, que le pregunta a la recepcionista cómo está. “Acá estamos… Para empeorar hay tiempo”, contesta la mujer, que debe rondar los cincuenta años y que parece ser parte del mobiliario.
Por los pasillos y los caminos del jardín se ve, de tanto en tanto, a algunos pacientes. Podría hacerse un perfil tipo del paciente de un neuropsiquiátrico: muy delgado, ligeramente encorvado y que camina arrastrando los pies, como si los zapatos fueran siempre dos números más grandes.
El director Oscar Labay todavía se siente extraño en su despacho. Asumió hace 24 horas. Es tan delgado como sus pacientes pero los zapatos le andan bien. Cuando se le pregunta por el paciente José Miguel Ontiveros debe llamar a la profesional que lo atiende, porque todavía no conoce a la población de El Sauce. Incluso es la primera vez que ve a la psiquiatra que le da el informe.
“Más allá de que esté sujeto a un proceso judicial, para nosotros Ontiveros es un paciente más y no ha perdido sus derechos como tal, por lo tanto debemos respetar su privacidad y el secreto profesional”, dice Labay.
Después aclara que Ontiveros “tiene plena conciencia de la gravedad de lo ocurrido”, y cierra allí el informe. Pero, también para dejar en claro el cuadro, dice: “Un maestro solía decirme: Acá no entra nadie por un problema de caspa. La internación en un lugar como éste siempre responde a un caso grave”.
El paciente Ontiveros está en el sector penitenciario del El Sauce y su seguridad es responsabilidad del sistema carcelario provincial.
La causa judicialEl fiscal Daniel Carniello esperaba el viernes que le remitieran todos los peritajes e informes sobre el caso. Aún no estaban los resultados finales de las necropsias, el informe del estado físico y mental de Ontiveros y se buscaban todos los antecedentes legales y administrativos del policía.
Sin embargo, este magistrado de Delitos Complejos ya imputó a Ontiveros por una figura recientemente incorporada al Código Penal, el de homicidio transversal, encuadrada en inciso 12 del artículo 80, que impone la pena de “reclusión perpetua o prisión perpetua al que matare con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación como ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia”.
“Lo que no está en el expediente, no existe”, dice una máxima legal, por lo que la Fiscalía, aunque ya tenía información precisa de que pesaba sobre Ontiveros una medida preventiva de exclusión del hogar, prohibición de acercamiento a menos de 500 metros y que también había sido denunciado por amenazas por su ex mujer, se esperaba que todo eso fuera documentado en el primer cuerpo del expediente que tiene la causa penal que empezó a escribirse minutos después del mismísimo doble crimen.
La historiaJosé Miguel Ontiveros y Yamila Monje formaron pareja y tuvieron dos hijos. Años después se separaron. La relación de ex no fue buena y, según dicen empeoró aún más cuando Ontiveros comenzó a suponer que Yamila estaba formando una nueva pareja.
En 2013 Ontiveros se había sometido a los estudios psicofísicos de rigor para lograr su ascenso, porque su antigüedad ya lo permitía. Superó sin problemas esos análisis y esperaba a que se concretara el pase al grado siguiente de acuerdo al escalafón policial.
