La falta de producción de la metalúrgica Pescarmona implica un parate en la actividad de otras 600 pequeñas y medianas empresas mendocinas, las cuales son proveedoras directas o indirectas de esa firma.
Por eso, tanto desde el Gobierno de Mendoza como desde los sindicatos involucrados –la Unión Obrera Metalúrgica y la Asociación de Supervisores Metalúrgicos de la República Argentina–buscarán darle una ayuda hasta que lleguen obras importantes como el dique Los Blancos o Portezuelo del Viento, emprendimientos que facilitarían una reactivación de todo el sector metalúrgico.
El lunes se realizó en Casa de Gobierno la primera reunión conciliatoria, en el marco del proceso de declaración de crisis de IMPSA, tras la cual se acordó suspender por ahora los 215 despidos anunciados para bajar la masa salarial, mientras desde el Ministerio de Gobierno se analiza la situación financiera de la empresa que justifique subsidiar el pago de haberes a través del Programa de Recuperación Productiva de Nación, al menos el 15% del total de los sueldos, por uno o dos trimestres. A su vez desde los sindicatos propondrán aceptar suspensiones, vacaciones anticipadas o reducción horaria, con tal de mantener los puestos de trabajo.
Sin embargo, esto no cierra la puerta a los despidos, porque la empresa insiste en que ya utilizó dichos mecanismos preventivos y no obtuvo buenos resultados, por lo cual presentó la declaración de crisis.
El jueves próximo todas las partes llevarán al tercer piso de Casa de Gobierno sus propuestas para intentar evitar la salida de los trabajadores, pero aún no hay garantías de ello. El martes de la semana entrante, el encuentro se replicará en Buenos Aires con los ministros nacionales de Trabajo, de Industria y representantes de la AFIP, ante los cuáles la empresa también deberá explicar con documentos su situación financiera.
Con una producción al 40% de la capacidad máxima de los talleres de IMPSA, escaso éxito en ganar licitaciones dentro del país y una deuda importante en negocios realizados en el exterior, la preocupación de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet) es parte del efecto cascada que produce esta situación, ya que en el último año se han perdido más de 1.000 puestos de trabajo, de los cuales por lo menos la mitad tenían relación directa con IMPSA.
Daniel Ros, secretario de Asinmet, explicó a Diario UNO que “lo que sucede en IMPSA nos ha complicado a todos los pequeños empresarios que hacíamos algunas piezas para las turbinas que ellos fabrican. Es una lástima porque esta empresa tiene tecnología única en el mundo y laboratorios muy avanzados para probar la eficiencia de estas turbinas. Por ejemplo, las más grandes tienen una eficiencia en la producción de energía de 97,8% y son más caras que las que usarán para los emprendimientos de Santa Cruz (las presas Cepernic y Néstor Kirchner), que son chinas y tienen el 97, 3% de efectividad. Esos puntos de diferencia representan un ahorro de U$S35 millones en la generación de energía. Sin embargo, en lugar de priorizar la fabricación nacional, se opta por lo que hace otro país, a cambio del financiamiento de China”.
Agregó que durante la presidencia de Lula Da Silva en Brasil, el gobierno brasileño siempre optaba por las empresas nacionales, aún cuando la oferta en la licitación no era tan económica, porque “sabían que esa diferencia le volvía en impuestos por la generación de empleos”.
Hugo González, secretario del gremio de los supervisores metalúrgicos, expresó su desacuerdo con la declaración de crisis de IMPSA, porque “siempre la variable de ajuste son los trabajadores. Cuando en realidad ellos se descuidaron, ya que hacen las mejores máquinas del mundo pero no las pueden vender, porque algunas piezas las tercerizaban, y ahora resulta que esos terceros le copiaron la tecnología –y fabrican más barato–. Tampoco formaron alianzas con otras empresas”.
►Si es declarada en crisis. La empresa Pescarmona podrá abonar el 50% del total de las indemnizaciones de los 215 trabajadores y en 12 cuotas . Tanto de los empleados convencionados como de aquellos no convencionados.
►Si se aplica el repro. Los haberes de la empresa serán pagados en parte por el Gobierno nacional. Se trata del 15% del total de los 1.047 sueldos, que rondan los $15 mil, por la especialización de estos trabajadores. Además, no pagarían cargas sociales y tendrían otras excepciones impositivas.
►Si obtienen los blancos. Podrían paliar en parte su situación financiera, que tambalea desde fines del 2012 según fuentes de la empresa.
