Por Enrique Vaquié
Diputado Nacional por Mendoza
El gobierno de Mendoza sigue considerando que la resolución de los problemas de inseguridad es de su competencia exclusiva pero exige consideración al momento de la crítica. Como representante de la Unión Cívica Radical participo de la idea de no buscar ventajas montado sobre los problemas de la coyuntura pero considero mi obligación marcar los notorios problemas de gestión del área de seguridad tanto a nivel operativo como político y estratégico.
Los problemas de seguridad son numerosos, al momento de establecer prioridades estimo necesario comenzar por aquellos derivados de actividades relacionadas al narcotráfico. A pesar de que precisamente en este tópico el Gobierno ha estado más proclive a probar acciones de marcada espectacularidad -como fue la detención de los jefes de bandas narco- esto no significó la disminución de la intensidad de esta actividad ilegal. Considero necesario incorporar el tema a una agenda política más allá de lo declamatorio ya que la evidencia que nos golpea cotidianamente muestra que el narcotráfico va marcando hitos al compás de la ineficacia estatal para enfrentarlo.
Los hechos vinculados de una u otra forma a este fenómeno han conmovido a la opinión pública, asesinatos y peleas territoriales por parte de bandas que estarían disputando el mercado de drogas han irritado la epidermis social. Sin embargo, el accionar del Gobierno y de algunos funcionarios judiciales solo muestra contradicciones y cursos de acción poco creíbles.
La naturaleza del problema me lleva a evitar las afirmaciones y temeridades a la que han sido tan afectos los funcionarios de seguridad tanto civiles como policiales, prefiero concentrar esfuerzos en hacer las preguntas necesarias para contribuir en la búsqueda de las posibles soluciones.
¿Existe alguna limitación de carácter funcional o político que haya impedido el accionar del Ministerio de Seguridad?
¿Hay información sistematizada respecto del impacto del consumo de drogas ilegales?
¿Se ha evaluado el verdadero alcance de los programas de prevención de adicciones y de recuperación de adictos?
¿Existe un conocimiento cabal del mercado de drogas ilegales de la provincia? ¿Conoce el gobierno cuáles son los proveedores y rutas de aprovisionamiento? ¿Existe alguna pauta de trabajo conjunto involucrando al Ministerio de Seguridad con los fiscales federales y provinciales vinculando estratégicamente las acciones con los organismos tributarios y antilavado de rango federal?
En octubre de 2013 supimos que era detenido un oficial de la policía con revista en la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico por ser responsable del asesinato de un matrimonio que se dedicaba al tráfico de drogas en gran escala. ¿Estima el Sr. Gobernador que ese tipo de complicidad es un caso aislado?
Hace seis años que el gobierno mantiene el mismo equipo ministerial en seguridad. ¿Considera el Sr. Gobernador que los diagnósticos e hipótesis de trabajo son los adecuados?
Sr. Gobernador, el artículo 128º de la Constitución de la Provincia de Mendoza le ha otorgado la atribución y el deber de ser el “jefe de las milicias de la provincia”, es por ello que no queremos que las fuerzas policiales en Mendoza se muestren a la deriva, carentes de conducción estratégica ni planificación operativa.
Sr. Gobernador, el accionar del Ministerio de Seguridad y de la Policía de Mendoza se encuentra, por lo menos, cuestionado y al borde de la pérdida total de confianza. Ese es el peor escenario que puede enfrentar la sociedad mendocina.
Hasta ahora nadie quiere hacer las preguntas necesarias y tampoco encontramos quién quiera dar respuestas creíbles. Aun así consideramos que los mendocinos y el Sr. Gobernador deben saber que cuentan con nuestro esfuerzo y compromiso para aplicar las medidas para enfrentar estos problemas a tiempo.
