Hoy es un día clave en la pelea de Judiciales y Gobierno, que lleva 26 días

Mucho habrá en juego: la postura planteada por el sindicato de no reconocer la conciliación

obligatoria y seguir el paro, la autoridad de la Suprema Corte de Justicia, que formalmente le

pidió al Gobierno que aplicara esa medida, y la investidura del gobernador Celso Jaque, que el

jueves anticipó que se declararía ilegal el paro y se descontarían los días, pero la medida aún no

se formalizó.

Para el Poder Ejecutivo (no lo dicen oficialmente, pero lo dejan trascender) es el último día

de negociación, de diálogo para llegar a un acuerdo antes de formalizar lo que ya consideran: un

paro ilegal.

El ministro de Gobierno, Mario Adaro, exclamó ayer: "Esta es la propuesta definitiva.

Queremos que el conflicto se termine y se arregle".

Sin embargo, el gremio judicial no demuestra temor por lo que se pueda venir. Está confiado

en sus fuerzas y no reconocerá la conciliación obligatoria, como ya lo hizo el viernes. Por eso no

asistirá a la audiencia de hoy, pautada para las 18 en la Subsecretaría de Trabajo. A cambio está

dispuesto a sentarse en el marco de una reunión paritaria.

Todo esto sólo podría cambiar si la asamblea de judiciales girara radicalmente su postura a

primera hora de hoy.

Carlos Ordóñez, líder sindical de los trabajadores de la Justicia, resumió el ánimo de éstos

en una frase: "Lo gente no tiene miedo a las advertencias. Lo que la mueve a seguir reclamando son

los precios en el supermercado, porque la inflación es terrible. No hay temor al descuento salarial

porque la inflación ya nos descuenta mes a mes con el detrimento de nuestros sueldos".

La última propuesta

El condimento principal para hoy será la nueva propuesta salarial del Poder Ejecutivo que

presentó por nota el viernes pasado en la Subsecretaría de Trabajo.

La misma es apenas superadora en números respecto de la última realizada, a pesar de que

eleva la masa salarial ofertada de $26 millones a $32 millones. Pero a diferencia de la anterior,

agrega coparticipar la tasa de Justicia en $2 millones, rediscutir el escalafón y ofrece una mejora

extra en las oficinas fiscales.

En cifras, la oferta es $300 al básico para la Clase 1 (las 24 restantes reciben

proporcionalmente menos), otros $295, sobre los que se aplican los descuentos legales pero no

impactan en el presentismo, la antigüedad y el título (vale decir, remunera pero no bonifica), una

suba del actual 33% al 40% (del básico) en el "adicional por la función", ítem especial que reciben

los empleados de las oficinas fiscales; la distribución de $2 millones de la tasa de Justicia en la

masa salarial y el reescalafonamiento a partir de noviembre de los empleados, para lo cual se

destinará $4 millones.

Durante el fin de semana Ordóñez analizó la propuesta y expresó una sentencia anticipatoria

pero no concluyente, al menos hasta que la asamblea la escuche hoy: "El aumento sigue siendo

insuficiente, no se precisa cómo se redistribuirá la tasa de Justicia ni tampoco si será por pago

anual o mensual. Tampoco se dan detalles del escalafonamiento. Nosotros queremos achicar la

cantidad de clases (son 25) pero con $4 millones no alcanza para quitar ni una".

Con la nueva propuesta en mano, el líder gremial explicó: "El incremento salarial para la

clase 1 (con esta oferta) es de $819. Parece mucho pero es engañoso, porque hay un solo empleado

clase 1 en el Poder Judicial y es el secretario administrativo de la Suprema Corte. Clase 2, por

ejemplo, hay dos trabajadores".

"En cambio –precisó– hay 2.000 empleados que son clases 13 y 14, las más bajas del escalafón

administrativo. Ellos cobrarían un poco más que la clase 25, que es la más baja ( pertenece a

maestranza), y se llevarían un aumento de $252".