Hay 231 policías con problemas psicológicos y admiten que muchos no avisan estar bajo tratamiento

Así lo confió el doctor Marcelo Buttani, jefe de Sanidad Policial, quien admitió que existen efectivos que realizan tratamientos particulares sin informarlos oficialmente, justamente para no perder su estado policial.

“Acá llegan porque un superior los vio desquilibrados y les retiró el arma, por alguna orden judicial o un requerimiento de la Inspección General de Seguridad.

Actualmente son 231 los policías a los que se les detectó algún problema psicológico o psiquiátrico. De ellos 65 están de licencia por enfermedad, el resto tiene tareas administrativas, pero sin armas”.

El año pasado el sargento Jorge Villagra (35), chofer y custodio del gobernador, se quitó la vida disparándose frente a la misma Casa de Gobierno. Más tarde se supo que había iniciado un tratamiento psicológico, pero no lo informó para no perder su trabajo.

En una semana signada por el doble crimen de una mujer de 44 años y un niño de sólo 8, cometido el domingo pasado por un auxiliar de policía en Guaymallén, y otro caso que protagonizó también un efectivo el viernes, en donde él y su pareja resultaron baleados, es inevitable revisar cuán eficaces son los exámenes psicológicos y psiquiátricos a los que se someten los policías desde que ingresan a la carrera y mientras desarrollan su profesión, y quienes controlan que los efectivos cumplan con estos análisis.

Un mundo en Sanidad PolicialEl edificio de Sanidad Policial, de Rivadavia y Beltrán, de Godoy Cruz, podría ser –a juzgar por la cantidad de personas que entran y salen de allí– un hospital público. “No damos abasto. A los casi 9.000 policías se suman los penitenciarios, y además toda persona que sufre un accidente en la calle o en un ente del Estado, que también vienen a que certifiquemos sus lesiones”, justificó el doctor y comisario general retirado Marcelo Buttani.

Obligatoriamente cada policía debería llegar a ese edificio al menos una vez cada tres años para realizarse el obligatorio examen psicofísico que lo habilita para seguir trabajando en la fuerza. “Muchos vienen antes de tiempo, cuando se autoproponen para un ascenso, para el cual necesitan ese mismo examen, o los choferes para obtener su licencia de conducir policial. Como son los mismos análisis en todos los casos, si vemos que ya se lo hizo para ascender, no lo citamos al trianual porque sería un desgaste presupuestario. La obligación de hacerlo es del policía y está en la ley, y si alguno no viene en tiempo, se lo cita. Intentamos que no pase mucho más tiempo (de los 3 años), pero puede pasar”, reconoció Buttani.

Pero, además de los exámenes habituales, los 4 psicólogos y 2 psiquiatras que integran el plantel de Sanidad Policial deben diagnosticar también a aquellos policías que llegan hasta allí derivados por sus propios jefes, por alguna investigación de la Inspección General de Seguridad (IGS), por una orden judicial o por una denuncia que derivó en la detención del efectivo. En todos los casos lo primero es quitarles el arma reglamentaria.

“En casos de violencia, por ejemplo, o de una urgencia, trabajamos con Asistencia al Policía, que tiene un psicólogo y trabaja fuera de horario. Ellos determinan si necesita internación o medicación, y tratan de resolver el problema en el momento. Al día siguiente pasa a manos nuestras. Cuando hay un trauma familiar, nosotros lo sacamos del circuito un tiempo, lo pasamos a licencia por enfermedad y lo ponemos en tratamiento psicológico o psiquiátrico afuera, con psicólogos de la OSEP, del hospital Carlos Pereyra u otros lugares. Después les hacemos controles una vez por mes, y ahí se determina cómo se lo reinserta en la tarea policial.

Muchas veces hace tareas administrativas entre 4 y 6 meses, antes de devolverle el arma”, detalla Buttani.

Crease o no, los dos policías detenidos esta semana por homicidio y lesiones graves protagonizadas con sus armas reglamentarias pasaron esos controles sin que se les detectara ninguna anomalía: “(José) Ontiveros (34) –quien mató a su ex suegra y a su sobrino de 8 años– se hizo el trianual en el 2013. Recuerdo que traía un muy buen concepto funcional de su jefe de dependencia y en el examen no le saltó ningún problema, y Alfredo Rad (26) –quien protagonizó un tiroteo el viernes en el que salió herida su ex pareja y él mismo en una casa de Guaymallén– hizo el control en 2013 porque es chofer de Inteligencia Criminal y tampoco surgió nada extraño”, apuntó el jefe de Sanidad Policial, y calificó esos casos de “hechos aislados”

Piensan en más controlesLos dos casos de violencia de policías en sólo 5 días dispararon también las alarmas puertas adentro del Ministerio de Seguridad. “Nosotros estamos tratando de realizarle los estudios a toda la fuerza policial, o a aquellos que no los han hecho este año. Todo un análisis psicológico para saber cómo está nuestra policía. Queremos saber, si aquellos que no se han hecho el examen porque no han pasado por la autopropuesta, pueden seguir teniendo un arma en la mano”, confesó el viernes el ministro de Seguridad, Leonardo Comperatore, a Radio Nihuil, aunque no supo precisar cuándo comenzarían esos exámenes ni de qué manera se implementarían.

Comperatore admitió que en el caso de José Ontiveros sí tenía antecedentes judiciales, y sin embargo no se le quitó el arma: “Tenía antecedentes registrados a fines de julio y principios de agosto, y una medida de restricción. Por eso la Justicia y la Inspección de Seguridad investigan si hubo alguna negligencia o falta de algún funcionario, para saber a quién le cabe la responsabilidad”.