Hasta el lunes a las 18 no habría solución para la huelga judicial

desde hace más de 20 días.

Ayer se produjo un nuevo desencuentro entre el Gobierno y el gremio que una vez más alejó las

posibilidades de llegar a una arreglo. El ministro de Gobierno, Mario Adaro, dio a conocer en forma

anticipada una nueva propuesta a los medios y la mandó por Mesa de Entradas a la Subsecretaría de

Trabajo, mientras el gremio esperó infructuosamente que los miembros de Gobierno llegaran a la

reunión paritaria prevista para las 12.

El faltazo irritó a los gremialistas, que levantaron un acta con escribano público y se

negaron a firmar la propuesta que entró por Mesa de Entradas.

Mientras tanto continúa la conciliación obligatoria dictada el miércoles por el Gobierno,

medida que el gremio nunca acató. El lunes por la tarde el gremio debería dar una respuesta al

ofrecimiento del Gobierno. Se espera que durante esa jornada también haya paro.

El Gobierno dio a conocer públicamente "la última oferta", que suma $32 millones, unos siete

millones más de los ofrecidos antes de que el diálogo se estancara. Dicho monto es el mismo que el

Gobierno iba a proponer el martes, pero cuando se dio a conocer la intención de la Legislatura de

buscar más recursos a pedido del gremio, el Ejecutivo dio marcha atrás.

Según el ofrecimiento hecho ayer, el Gobierno se compromete a incorporar la suma de hasta

$300 (para la clase 1) al básico proporcional según la clase por agente; crear un nuevo adicional

de $295 remunerativo, no bonificable que incluye al ex código 074 (que sumaba $75 ).

Además la propuesta incluye incrementar el porcentaje de Código Procesal Penal del 33% al

40%, destinar la suma total de $4 millones anuales con costo salarial incluido, para que una

comisión a designarse estudie el reescalafonamiento de clases y que tenga vigencia lo resuelto por

ésta a partir del mes de noviembre del corriente año.

Por último proponen darles a los empleados una participación sobre los importes que percibe

el Estado en concepto de tasa de justicia, garantizando la ejecución de obras proyectadas y con un

piso de $2 millones anuales por coparticipar.

Esta propuesta salarial, que suma $32 millones, incluye la resignación presupuestaria que

ofreció la Corte, según explicaron el ministro Adaro y el subsecretario de Hacienda, Mario Granado.

También destacaron que la propuesta ofrecida es parte de una decisión consensuada entre la

Corte, el Gobierno y la Legislatura.

Adaro buscó dejar claro que fue desechada la idea de la Legislatura de avanzar en un proyecto

que sacaría recursos de la partida presupuestaria destinada a pagar el aumento salarial a los

magistrados para mejorar la oferta de los empleados.

El gremio se quejó ayer pasado el mediodía porque se enteraron de la propuesta por los

medios.

"No entendemos si hay torpeza legal o intencionalidad política en esto de presentar la

propuesta a través de una conferencia de prensa. A esa hora tendrían que haber estado sentados a la

mesa de las paritarias. Con estas acciones están vaciando de contenido el ámbito natural de

negociación salarial, que son las paritarias", sostuvo Carlos Ordóñez, secretario general de la

entidad.

Por su parte desde el Ministerio de Gobierno sostuvieron que los miembros paritarios no

asistieron a la reunión de las 12 porque estando en vigencia la conciliación obligatoria las partes

no tienen obligación de asistir a las reuniones, explicaron.

También desde el Poder Ejecutivo remarcaron que la propuesta salarial ingresó a la

Subsecretaría de Trabajo por Mesa de Entradas a las 12.20.

Cazabán dijo que son irracionales

GENERAL ALVEAR– El secretario General de la Gobernación, Alejandro Cazabán, dijo que si los

judiciales no vuelven a trabajar el Gobierno actuará con toda la dureza, y "esperamos que la Corte

inicie los sumarios correspondientes".

El funcionario, que acompañó a Celso Jaque a este departamento, dijo que han sido claros con

la propuesta que realizaron esta semana y que se ve "una actitud de intransigencia, incomprensible,

irracional y el gobernador dispuso que si no se encamina el conflicto se declare la ilegalidad de

la huelga y como consecuencia que la Corte inicie sumarios administrativos para que el personal se

integre a sus tareas y que les descuente los días de paro".

Según él, desde el Ejecutivo siempre se apeló al diálogo: "Hemos resuelto el 90porciento de

las paritarias provinciales y sólo falta este sector, que además tiene los mejores sueldos dentro

del Estado provincial. Los mendocinos no se lo merecen".

Al mismo tiempo aclaró que actuarán con "mucha dureza" para restablecer la actividad

judicial. También afirmó que actúan de manera contradictoria ya que "aceptan la competencia

provincial para negociar pero no la conciliación obligatoria. Es una falta de responsabilidad por

el servicio que están prestando".

Por otra parte, Cazabán se sumó a los críticas contra el vicepresidente Julios Cobos y opinó

que Cleto no es coherente porque cuando hizo la alianza "con nuestra Presidenta, él y su equipo

presionaban a nuestros legisladores para modificar posturas del justicialismo en Mendoza".

Y recalcó que "si fuese coherente no se hubiese aliado con Kirchner, no soluciona nada y

complica la gobernabilidad. Nos encantaría que nos ayudara a crecer, ya que en lo que lleva de

vicepresidente Mendoza no recibió ningún beneficio".

Andrés Aliaga

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